Emiratos Árabes Unidos

El crecimiento en 2026 vendrá impulsado principalmente por el sector no petrolero; se vigilan los riesgos geopolíticos

Se espera que el crecimiento del sector no petrolero impulse la expansión económica en 2026, siendo el comercio mayorista y minorista, el transporte, la construcción y los servicios financieros los principales motores. La solidez del consumo interno, la inversión en curso y una cartera constante de proyectos públicos y privados deberían mantener el impulso de la actividad no petrolera. Las reformas de diversificación económica reforzarán aún más este impulso, ya que las autoridades continúan desarrollando sectores con márgenes más elevados, como la industria manufacturera, la tecnología y los servicios financieros, junto con la logística y el turismo. Iniciativas complementarias, como la inversión en puertos y cadenas de suministro, zonas industriales e incentivos para atraer a segmentos de rápido crecimiento —como la inteligencia artificial y los centros de datos—, fortalecerían aún más la posición de los EAU como economía diversificada y competitiva. Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas regionales tras la guerra en la que está implicado Irán podría lastrar el impulso económico debido a una menor afluencia de turistas, un sentimiento más cauteloso entre los inversores y posibles perturbaciones en las rutas comerciales marítimas. Cualquier escalada que afecte a infraestructuras portuarias clave o a las rutas marítimas también supondría un riesgo para el papel de los EAU como importante centro regional de reexportación y logística, con Dubái como eje central. Las perspectivas para 2026 en cuanto a la producción de petróleo (alrededor del 25 % del PIB) siguen siendo, en general, positivas, aunque el crecimiento podría moderarse a principios de año debido a la caída de los precios del petróleo y a una pausa en los nuevos aumentos de las cuotas de la OPEP+. La producción de crudo de los EAU ya ha aumentado de unos 2,9 millones de barriles al día (b/d) a finales de 2024 a unos 3,4 millones de b/d a finales de 2025, lo que refleja la retirada gradual de los anteriores recortes de producción de la OPEP+, y el límite máximo de producción del país será menos restrictivo a partir de octubre de 2025. El crecimiento de la producción podría repuntar de nuevo a finales de 2026, a medida que se estabilicen las condiciones del mercado. El sector del gas está entrando en una nueva fase de crecimiento, impulsada por proyectos liderados por la ADNOC destinados a aumentar el suministro nacional y reforzar el papel del gas en el sistema energético nacional. Se prevé que la producción nacional de gas siga expandiéndose, lo que respaldará los objetivos de seguridad energética a largo plazo del país.

Se prevé que la inflación en los EAU se mantenga relativamente contenida en 2026, respaldada por la paridad del tipo de cambio con el dólar estadounidense y una inflación importada en general moderada, aunque los precios de los servicios podrían mantenerse más elevados en ámbitos como la vivienda y determinados servicios domésticos. Además, dado que los EAU siguen dependiendo en gran medida de las importaciones de alimentos, las interrupciones en las rutas marítimas y el aumento de los costes de transporte también podrían contribuir al alza de los precios de los alimentos y agravar las presiones inflacionistas importadas. Dado que la política monetaria está alineada de hecho con la de la Reserva Federal de EE. UU. debido a la paridad de la moneda, la evolución de los tipos de interés en los EAU seguirá reflejando en gran medida la postura de la Fed. En este contexto, el aumento de las tensiones regionales también podría agravar la volatilidad de la inflación mundial a través de las fluctuaciones de los precios de la energía. Si esto llevara a la Reserva Federal de EE. UU. a retrasar la flexibilización monetaria, los tipos de interés en los EAU se mantendrían elevados debido a la paridad de la moneda, lo que podría mantener los costes de financiación relativamente altos.

Los «dos superávits» seguirán reduciéndose

Se prevé que los EAU mantengan un superávit fiscal en 2026, aunque es probable que el saldo se reduzca ligeramente a medida que disminuyan los ingresos por hidrocarburos y el gasto público se mantenga elevado para respaldar los objetivos de crecimiento y diversificación. Aun así, la política fiscal debería seguir siendo sólida, respaldada por una base de ingresos diversificada (los ingresos no petroleros representan aproximadamente la mitad de los ingresos totales del Estado), unos activos soberanos considerables (estimados en torno al 500 % del PIB a finales de 2025) y un fuerte acceso a los mercados. El aumento de los precios del petróleo podría servir de apoyo a los ingresos fiscales. Sin embargo, las elevadas tensiones geopolíticas regionales tras la guerra en la que está implicado Irán podrían aumentar la volatilidad en los mercados energéticos y generar riesgos para los flujos de exportación de petróleo, lo que podría limitar la contribución de los ingresos por hidrocarburos a los ingresos presupuestarios totales.El Gobierno federal ha establecido un programa de bonos soberanos desde 2021 y ha obtenido financiación tanto a través de bonos nacionales denominados en dirham y sukuk como mediante emisiones internacionales; en 2025, la emisión de sukuk del Tesoro en el mercado nacional alcanzó unos 1.8 mil millones de dólares estadounidenses. En conjunto, se espera que estas reservas proporcionen a las autoridades la flexibilidad suficiente para absorber la volatilidad de los precios del petróleo, al tiempo que continúan realizando inversiones específicas en infraestructuras y sectores estratégicos.

Se prevé que la posición exterior de los EAU se mantenga sólida en 2026, aunque el superávit por cuenta corriente podría reducirse ligeramente, ya que la bajada de los precios del petróleo y la fuerte demanda de importaciones, vinculada al crecimiento y a la inversión, lastran el saldo global. Sin embargo, el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en la región tendrían un impacto negativo en las exportaciones de hidrocarburos y en los ingresos por turismo, lo que ejercería presión sobre el superávit por cuenta corriente. La liquidez en divisas se ve respaldada por las cuantiosas reservas oficiales que mantiene el banco central (entre 260 000 y 275 000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 30-35 % del PIB a finales de 2025), complementadas por unos activos del fondo soberano muy cuantiosos, que, en conjunto, se espera que afiancen la confianza en la paridad fija del dirham y limiten la vulnerabilidad externa incluso en condiciones mundiales o del mercado petrolero menos favorables.

Estabilidad interna en una región volátil

A pesar de un entorno político interno estable, los EAU siguen enfrentándose a importantes riesgos geopolíticos derivados de las tensiones regionales y la fragmentación mundial. La guerra en Irán ha agravado la incertidumbre en todo Oriente Medio y aumenta el riesgo de un período más amplio y prolongado de inestabilidad regional. Estos acontecimientos podrían perturbar las condiciones de seguridad regional, los mercados energéticos y las rutas comerciales marítimas. Los EAU siguen estando especialmente expuestos a las perturbaciones que afectan a los principales corredores marítimos, como el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el golfo de Adén. Cualquier interrupción prolongada de las rutas marítimas o cualquier ataque que afecte a las principales infraestructuras portuarias lastraría la actividad logística, las reexportaciones y los servicios relacionados con el comercio, que son fundamentales para el modelo de crecimiento no petrolero de los EAU y su papel como centro regional de reexportación. Por otra parte, los EAU operan en un entorno regional en el que sus prioridades geopolíticas no siempre coinciden plenamente con las de Arabia Saudí, que es otra potencia regional importante. Las diferencias en cuanto a los énfasis estratégicos son más pronunciadas en Yemen, donde los EAU parecen dar prioridad a la seguridad marítima, mientras que Arabia Saudí se centra más en la gestión de las fronteras y de los conflictos. Además, las tensiones regionales más amplias que involucran a Israel y a los países vecinos podrían aumentar la incertidumbre. Aunque los EAU han tratado de preservar los lazos diplomáticos y económicos tras los Acuerdos de Abraham, una nueva escalada podría obstaculizar la cooperación regional y aumentar los riesgos de seguridad. Por último, los EAU se enfrentan a repercusiones geopolíticas derivadas de la fragmentación mundial, entre ellas la rivalidad entre EE. UU. y China, los regímenes de sanciones y las restricciones comerciales, que podrían complicar los flujos financieros, las reexportaciones, las transferencias de tecnología y las decisiones de inversión. Si bien la economía diversificada de los EAU, sus sólidos amortiguadores externos y su posicionamiento diplomático neutral ayudan a mitigar estos riesgos, la evolución geopolítica sigue siendo un factor de riesgo clave para las perspectivas de 2026. Los EAU también han ampliado su presencia económica más allá de la región, sobre todo a través de inversiones en logística e infraestructuras portuarias en África, lideradas por operadores vinculados al Estado. Estas iniciativas reflejan principalmente objetivos comerciales y relacionados con el comercio. Paralelamente, los EAU mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad con EE. UU., incluida una presencia militar estadounidense limitada, lo que sustenta unos lazos más amplios en materia de defensa y estrategia entre ambos países.

Pago

Los métodos de pago más habituales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el efectivo, las tarjetas de crédito y débito, las cuentas abiertas, las cartas de crédito, los cobros documentarios y los cheques.

Los cheques son el método de pago más habitual y preferido en el país, especialmente en las transacciones comerciales, ya que su emisión no conlleva ningún coste, a diferencia de las transacciones respaldadas por una carta de crédito o cualquier otro tipo de garantía bancaria. Los cheques constituyen un título fiable de reconocimiento de deuda que puede ejecutarse directamente ante un juez. Además, el derecho penal de los EAU establece que una persona que entregue un cheque de mala fe sin contraprestación suficiente puede ser condenada a prisión.

Hasta 2016, los cheques posfechados se consideraban la mejor protección contra los retrasos en los pagos y se utilizaban con frecuencia en los EAU como garantías, ya que los cheques sin fondos se consideran un delito. La nueva ley no se pronuncia sobre los cheques sin fondos (NFS) y solo establece en el artículo 32 que todos los procedimientos judiciales, trámites y procedimientos de ejecución contra los activos del deudor quedarán suspendidos una vez iniciada la decisión hasta la ratificación del plan de concurso. El concurso de acreedores se define en el artículo 5 de la nueva ley como un procedimiento destinado a ayudar al deudor a alcanzar un acuerdo con los acreedores de conformidad con un plan de concurso bajo la supervisión del tribunal y con la ayuda de un administrador que se nombrará de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. A la luz de lo anterior, cualquier reclamación o procedimiento judicial interpuesto contra el deudor —ya sea en relación con cheques sin fondos u otro instrumento (esto se aplica también a los procedimientos penales relacionados con cheques sin fondos o devueltos)— quedará suspendido una vez que el tribunal haya admitido a trámite la solicitud del deudor para el mencionado concurso de acreedores preventivo. Cabe señalar que cualquier reclamación relacionada con un cheque sin fondos se tratará de la misma manera que cualquier otra reclamación no garantizada que pueda presentarse contra el deudor.

Los bancos de los EAU forman parte de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT), que se utiliza para transferir dinero entre bancos, especialmente en el caso de las transferencias bancarias internacionales.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El cobro de deudas comienza con un enfoque amistoso, durante el cual el deudor recibe un requerimiento de pago, seguido de una llamada telefónica del acreedor o de una agencia, con el objetivo de llegar a un acuerdo de pago.

Procedimientos judiciales

Los tribunales de los EAU están compuestos por: el Tribunal de Primera Instancia; el Tribunal de Apelación; y el Tribunal Supremo de Abu Dabi.

Ubicados en cada emirato, los tribunales de primera instancia tienen competencia general e incluyen un tribunal civil, un tribunal penal y un tribunal de la sharia. Tras una sentencia de uno de estos tribunales, las partes afectadas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelación por motivos de hecho y/o de derecho. Posteriormente, las partes perjudicadas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo únicamente por cuestiones de derecho. El Tribunal de la Sharia se ocupa de los asuntos civiles entre musulmanes.

Procedimientos acelerados

Una orden de pago es un procedimiento mediante el cual una parte solicita a los tribunales una sentencia sumaria contra un demandado por deudas comerciales, justificada mediante un título comercial válido pero impagado, como una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Si se presenta una contestación a la demanda, el litigio deberá resolverse mediante un proceso ordinario ante el tribunal de primera instancia.

Procedimientos ordinarios

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una demanda ante el tribunal competente. Esta debe cumplir los requisitos procesales e incluir tanto los datos del deudor como los detalles de la deuda. El tribunal emite una citación que debe notificarse al demandado, en la que se indica la fecha de la vista.

Una vez que el deudor ha presentado su contestación, se aplaza el proceso para que el acreedor pueda responder. Se conceden nuevos aplazamientos para que ambas partes puedan presentar sus escritos. Cuando el tribunal considera que el caso ha sido suficientemente alegado, se reserva la causa para dictar sentencia. Todo el procedimiento se basa en alegaciones escritas respaldadas por pruebas documentales. El tribunal dictará resoluciones en forma de medidas específicas y daños y perjuicios compensatorios. Por lo general, no se conceden medidas cautelares y las órdenes de embargo son difíciles de obtener.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia judicial es ejecutable una vez que ha adquirido firmeza. Si el deudor incumple la resolución judicial, el acreedor puede solicitar ante el juez medidas de ejecución, como una orden de embargo o incluso el encarcelamiento del deudor.

Cualquier laudo extranjero debe ser reconocido primero como sentencia nacional. Cuando existen tratados bilaterales o multilaterales de reconocimiento y ejecución recíprocos, este requisito es meramente una formalidad. A falta de tales acuerdos, el Derecho internacional privado nacional prevé un procedimiento de exequátur.

La última novedad legislativa en los EAU se refiere a las reclamaciones comerciales, que ahora pueden presentarse mediante demandas de orden de cumplimiento si la reclamación financiera está sujeta a la ejecución de un contrato comercial, o si el titular del derecho es un acreedor con un título de crédito y la deuda está reconocida.

Procedimientos y duración de la orden: Envío de una notificación notarial al deudor. Notificación de la misma al deudor con resultado satisfactorio. Plazo mínimo de cinco días a partir de la fecha en que el deudor reciba la notificación, para que este pueda saldar las deudas. Inscripción de la orden de cumplimiento en el tribunal o en el sistema electrónico del tribunal, de acuerdo con la competencia territorial de cada tribunal. El juez dictará la resolución en un plazo de tres días hábiles, ya sea aceptando o desestimando la solicitud. En caso de que se dicte una resolución a favor del acreedor, se presentará una solicitud para notificarla al deudor. El tribunal notificará al deudor de la forma prevista por la ley. Si el deudor desea recurrir, dispondrá de un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación de la resolución. El tribunal de apelación examinará la defensa del deudor; si la considera válida, fijará una vista y convocará a ambas partes para instruir el asunto; si, por el contrario, el tribunal considera que la defensa no es válida, desestimará el recurso directamente. Si el deudor no recurre en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que reciba la notificación de la resolución, se procederá a la ejecución. Duración aproximada de todo el proceso: entre 90 y 120 días.

Procedimientos de insolvencia

El 4 de septiembre de 2016 se aprobó el borrador definitivo de la Ley Federal de Quiebras. La nueva ley de insolvencia propone tres nuevos procedimientos de insolvencia:

PROCEDIMIENTO DE REORGANIZACIÓN FINANCIERA

Un proceso de conciliación extrajudicial y privado aplicable a entidades que aún no han entrado formalmente en situación de insolvencia, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo consensuado y privado entre las partes. La comisión nombra a un mediador independiente con experiencia en quiebras por un período de hasta cuatro meses para supervisar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PROTECTORA (PCP)

Un deudor que: (a) atraviese dificultades financieras, pero aún no se encuentre en situación de insolvencia; o (b) lleve menos de 45 días en situación de sobreendeudamiento o de suspensión de pagos, propone un acuerdo con sus acreedores al margen de los procedimientos formales de quiebra. El PCP incluye una moratoria sobre las acciones de los acreedores (incluida la ejecución de créditos garantizados) y somete al deudor al control de un administrador designado de entre la lista de expertos de la Comisión (el organismo gubernamental con competencia para supervisar los procedimientos de insolvencia), durante un período de observación inicial de hasta tres meses.

Otras herramientas clave del proceso del PCP incluyen la posibilidad de obtener financiación prioritaria al estilo «deudor en posesión» (DIP), que puede garantizarse con activos no garantizados o tener prioridad sobre las garantías existentes, así como disposiciones ipso facto que impiden la invocación de cláusulas contractuales de rescisión vinculadas a la insolvencia, siempre que el deudor cumpla con sus obligaciones de ejecución. Se concede al deudor un plazo para presentar un plan, que posteriormente se somete a votación por parte de los acreedores.

QUIEBRA

El procedimiento se divide en dos elementos: un proceso de rescate en el marco de un procedimiento formal de quiebra, que es similar desde el punto de vista procesal al PCP (incluida una moratoria automática y la posibilidad de obtener financiación DIP); y un procedimiento formal de liquidación.

ACTUALIZACIÓN RECIENTE DE LA LEY DE QUIEBRAS:

Se anunciaron diversos cambios el 22 de octubre de 2020, aunque aún no se han publicado en el boletín oficial. Cambio clave: nuevo concepto de «crisis financiera de emergencia» (EFC), que se define como: «Una situación general que afecta al comercio o a la inversión en el país, como una pandemia, un desastre natural o medioambiental, una guerra, etc.». Nuevas disposiciones que modifican la Ley de Quiebras durante una EFC. Corresponde al Consejo de Ministros de los EAU determinar cuándo existe una EFC, lo que aún no ha hecho. Al parecer, se requiere una decisión del Consejo de Ministros de los EAU antes de que las partes puedan acogerse a las nuevas disposiciones; si se declara una EFC, la nueva ley ofrece ciertas protecciones a los deudores, entre ellas: los deudores no están obligados a declararse en quiebra si no han pagado sus deudas en un plazo de 30 días debido a una EFC; Los deudores pueden seguir solicitando la quiebra durante la EFC y el tribunal podrá optar por no nombrar a un administrador concursal en el procedimiento si el deudor demuestra que la interrupción de su actividad empresarial se debió a la EFC; Los acreedores no pueden presentar solicitudes de quiebra, ya que el tribunal no aceptará solicitudes de quiebra contra ningún deudor durante la EFC.

Acuerdo con los acreedores (solo se aplica a las solicitudes presentadas por los deudores):

Si el tribunal acepta la quiebra, el deudor podrá solicitar 40 días hábiles para negociar un acuerdo con sus acreedores. Si el tribunal lo aprueba, se publicará e incluirá una invitación a los acreedores para que negocien un acuerdo en un plazo de 20 días hábiles; El plazo de negociación ofrecido a los acreedores no podrá exceder de 12 meses; si se alcanza un acuerdo con los acreedores que representen dos tercios de la deuda, dicho acuerdo será vinculante para todos los acreedores (incluso para aquellos que no hayan participado); las negociaciones del acuerdo deben realizarse por escrito y ser aprobadas por el tribunal.

Última actualización: marzo de 2026