Estados Unidos de América

Todos los huevos en la cesta de la IA

Salvo que se produzca algún impacto negativo importante, la economía estadounidense debería seguir creciendo a un ritmo sólido o incluso acelerarse. La confianza en el potencial de la IA es el principal motor de la demanda; tanto a través del extraordinario crecimiento continuado de la inversión en IA (aproximadamente entre el 2,5 % y el 3 % del PIB) como del gasto adicional de los consumidores provocado por los desmesurados rendimientos bursátiles (las empresas de IA representan el 40 % de la capitalización bursátil del S&P 500). Se estima que el quintil superior de los hogares representa el 45 % del gasto en consumo. Mientras que el hogar europeo medio acumula riqueza ahorrando el 15 % de sus ingresos, su homólogo estadounidense lo hace a través de las plusvalías y consume el 95 % de sus ingresos. Por lo tanto, una decepción en el calendario de monetización de los proveedores de modelos de IA daría lugar tanto a una caída del CAPEX como a una ola de ventas de acciones que desencadenaría una contracción del consumo (el 70 % del PIB), ya que los hogares más ricos ahorrarían en exceso para reequilibrar su patrimonio neto. Las medidas de emergencia de la Fed limitarían el contagio al resto del sistema financiero. Este escenario recesivo es la principal amenaza para las perspectivas, pero no constituye nuestro escenario base. A partir de 2027, también se prevé que la ejecución de las inversiones en IA se vea obstaculizada por reacciones regulatorias adversas y cuellos de botella en el suministro. Aunque las exportaciones cuentan con un fuerte respaldo por parte del petróleo y el gas y los servicios digitales, esto se ve más que compensado por el aumento de las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios relacionados con la expansión de la IA (servidores, semiconductores avanzados, equipos eléctricos).

A pesar de que la economía en su conjunto goza de buena salud, el entorno de los costes de producción se ha vuelto más difícil para las empresas más pequeñas, más alejadas de la vanguardia tecnológica. Las insolvencias empresariales en general están aumentando a un ritmo interanual del 16 % y, en el segundo trimestre de 2026, se sitúan un 23 % por encima de los niveles previos a la pandemia. La volátil política arancelaria ha dado lugar a una incertidumbre persistente, a un aumento de los costes de los insumos y a una gestión de existencias más exigente, a pesar del favorable impulso que suponen las devoluciones de la IEEPA (0,5 % del PIB). La inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo y, aunque actualmente se encuentra en una senda de moderación, corre el riesgo de verse impulsada al alza por las presiones de la oferta (perturbaciones geopolíticas en el sector energético, inflación de los alimentos impulsada por un clima volátil y la escasez de fertilizantes). Este contexto dificulta que la Fed siga recortando los tipos de interés. Dado que los mercados de bonos examinan cada vez con mayor rigor las finanzas públicas estadounidenses, la prima soberana también se está ampliando. Las condiciones financieras se están volviendo, por tanto, más onerosas. Sus consecuencias más visibles son un mercado inmobiliario frenado por unos tipos hipotecarios persistentemente elevados (y una recesión en la construcción residencial), así como un aumento de los impagos entre las empresas que dependen de prestamistas privados. A pesar de ser vulnerable a dos posibles perturbaciones desestabilizadoras de gran envergadura (la disrupción provocada por la IA y la campaña de represión de la inmigración), el mercado laboral debería mantenerse más o menos en equilibrio, ligeramente por debajo del pleno empleo (~4 %), a menos que y hasta que empecemos a ver indicios más claros de despidos relacionados con la IA. Se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en torno al 3,5-4 % hasta 2027, pero sigue mostrando una gran flexibilidad dados los importantes cambios que se están produciendo en la economía.

El dominio del dólar estadounidense permite una política fiscal generosa; los déficits externos persistirán

Si no fuera por el atractivo de los bonos del Estado estadounidense como activo de reserva de referencia a nivel mundial, la trayectoria fiscal sería motivo de preocupación inminente. Debido a una combinación de tipos de interés más elevados y déficits primarios persistentemente altos (3 % del PIB), el gasto en intereses se ha disparado desde una media prepandémica del 1,5 % del PIB hasta el 3,1 % en 2025, y se espera que siga aumentando a medida que el crecimiento se normalice, pero los tipos se mantengan altos. Las principales partidas de gasto (seguridad social, sanidad y defensa) seguirán creciendo en un contexto de envejecimiento de la población, aumento de los costes médicos y necesidad de renovar y mantener las capacidades militares. El impulso para mejorar la eficiencia en el gasto público debería ser relativamente modesto, ya que los principales objetivos potenciales de recorte son políticamente sensibles (gasto en veteranos, crisis de los opiáceos y ayudas a la vivienda). La ley «One Big Beautiful Bill», que introduce recortes fiscales de amplio alcance al tiempo que reduce solo parcialmente el gasto (sanidad, ayuda alimentaria y subvenciones a las energías verdes), debería traducirse en un aumento neto de entre 3 y 3,7 billones de dólares de la deuda federal durante los próximos diez años. Vemos potencial para que la presión sobre los tipos soberanos siga aumentando a medio plazo.

El país seguirá acumulando elevados déficits por cuenta corriente en un futuro previsible. En primer lugar, la buena salud del consumo generará una demanda persistente de importaciones; la inversión extranjera debería seguir fluyendo hacia la economía, mientras que el gasto adicional para cubrir el déficit generará necesidades de financiación. Los aranceles podrían provocar una reducción de las importaciones totales a muy corto plazo, pero la diversificación de los socios comerciales debería compensar progresivamente ese efecto. Las vulnerabilidades externas de EE. UU. solo se convertirían en un problema si el estatus del dólar como moneda de reserva y el de los bonos del Tesoro como activos refugio se viera significativamente mermado. A pesar de algunos indicios tempranos de ello en los últimos años (aumento de los rendimientos, rachas alcistas del oro), el dominio del dólar estadounidense sobre otras monedas fiduciarias sigue siendo sustancial.

Se prevé que la Cámara de Representantes pase a manos demócratas y que la guerra comercial se prolongue

El presidente Donald Trump y el Partido Republicano obtuvieron una victoria decisiva en las elecciones de noviembre de 2024, ganando la presidencia por un cómodo margen en el Colegio Electoral (312/538 votos) y en ambas cámaras del Congreso (220/435 escaños en la Cámara de Representantes, 53/100 escaños en el Senado). Dada la escasa mayoría de 5 escaños, el número récord de diputados que se jubilan (43), el elevado número de circunscripciones reñidas (42) y la tendencia a que los titulares sean sancionados en las elecciones de mitad de legislatura, se prevé que la Cámara de Representantes pase a manos demócratas. Los republicanos tienen más posibilidades de conservar el Senado, pero este también corre peligro. Las mayorías en ambas cámaras han sido cruciales para aprobar políticas emblemáticas, como la prórroga y ampliación de los recortes fiscales de 2017, el aumento del presupuesto para la aplicación de la ley de inmigración, la restricción de los requisitos de acceso a Medicaid y la reducción de los créditos fiscales para la energía limpia y los vehículos eléctricos. La mayoría de los tipos de legislación también requieren 60 votos en el Senado, lo que otorga a los demócratas cierto poder para obstruir las políticas y, en ocasiones, provoca paros gubernamentales. El Tribunal Supremo se inclina hacia el conservadurismo (6-3), y su compromiso de actuar como contrapeso al poder ejecutivo se ve cuestionado por una Casa Blanca dispuesta a poner a prueba los límites. Sin embargo, en lo que respecta al uso claramente ilegal de los aranceles «recíprocos» en virtud de la IEEPA y a los intentos del presidente de destituir a los gobernadores de la Reserva Federal, el Tribunal protegió a las instituciones. Esperamos que la Casa Blanca persista en sus intentos de influir en la Reserva Federal y que fracase mientras los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal estén protegidos por el Tribunal.

Dado el precedente sentado por la sentencia sobre la IEEPA, la Casa Blanca se está centrando en restablecer el rango arancelario global que desea (en algún punto entre el 10 % y el 15 %) recurriendo a fundamentos jurídicos más sólidos. Se prevé que cada paquete arancelario sea impugnado ante los tribunales, lo que desencadenará un proceso de varios meses para poner a prueba su solidez jurídica. Prevemos que se seguirá recurriendo a las amenazas arancelarias como herramienta de negociación en materia de política exterior para presionar a otros países en diversos ámbitos (Groenlandia, seguridad y migración, tráfico de drogas, apoyo a personas cercanas al presidente, etc.). La relación con China es una importante fuente de inestabilidad potencial. Existe una competencia estratégica profundamente arraigada entre ambas superpotencias. Ambas han utilizado diversas herramientas para presionar la economía de su rival (aranceles, manipulación monetaria, subvenciones industriales, restricciones a la exportación de insumos críticos como semiconductores y minerales de tierras raras).

En el momento de redactar este informe, la relación está atravesando una relativa distensión, pero esta situación puede revertirse rápidamente. Estados Unidos seguirá buscando el desacoplamiento de China en materia comercial y financiera, al tiempo que acelerará sus esfuerzos por ganar la carrera tecnológica en inteligencia artificial. En cuanto a la UE, el acuerdo de Turnberry de 2025 limita los aranceles al 15 %, aunque sigue sin estar claro si EE. UU. lo respetará en caso de tensiones diplomáticas, como las relacionadas con España y el impuesto sobre los servicios digitales. Una gran incertidumbre sigue ensombreciendo el futuro del acuerdo USMCA con México y Canadá (el 20 % del comercio total de EE. UU. y el 5 % del PIB). El pacto expirará en 2036 a menos que se alcance un acuerdo para prorrogarlo hasta 2042; y con él, el acceso privilegiado al mercado estadounidense que ha permitido una cadena de suministro norteamericana profundamente integrada. Nuestra hipótesis de trabajo sigue siendo que se encontrará alguna solución que preserve el acceso privilegiado para Canadá y México, pero que a corto plazo surgirán episodios de tensión de forma intermitente (incluidas amenazas de aranceles y su aplicación efectiva).

Pago

Los exportadores deben prestar especial atención a las cláusulas de los contratos de venta relativas a las obligaciones respectivas de las partes y determinar las condiciones de pago más adecuadas al contexto, especialmente cuando se trate de obligaciones de pago a crédito. A este respecto, los cheques y las letras de cambio son instrumentos de pago muy básicos que no permiten a los acreedores interponer acciones de recuperación en virtud de la «legislación cambiaria» (droit cambiaire), como sí es posible en otros países signatarios de los Convenios de Ginebra de 1930 y 1931 sobre el tratamiento jurídico uniforme de las letras de cambio y los cheques.

Los cheques se utilizan ampliamente, pero, dado que no es obligatorio que estén cubiertos en el momento de su emisión, ofrecen garantías relativamente limitadas. Los titulares de las cuentas pueden anular el pago de un cheque presentando una solicitud por escrito al banco en un plazo de 14 días a partir de la emisión del mismo. Además, en caso de impago, los beneficiarios deben presentar una prueba de la reclamación. Los cheques certificados ofrecen mayor seguridad a los proveedores, ya que el banco que certifica el cheque confirma así la existencia de fondos suficientes en la cuenta y se compromete a pagarlo. Aunque son más difíciles de obtener y, por lo tanto, menos habituales, los cheques bancarios —cheques girados directamente contra la propia cuenta del banco— ofrecen una seguridad total, ya que constituyen un compromiso directo de pago por parte del banco.

Las letras de cambio y los pagarés se utilizan con menos frecuencia y no ofrecen ninguna prueba específica de deuda. El sistema de cuenta abierta solo se justifica una vez que se ha establecido una relación comercial continuada.

Las transferencias se utilizan con frecuencia —especialmente a través de la red electrónica SWIFT, a la que están conectados la mayoría de los bancos estadounidenses y que permite tramitar pagos internacionales de forma rápida y a bajo coste—. Las transferencias SWIFT resultan especialmente adecuadas cuando existe una confianza real entre las partes contratantes, ya que el vendedor depende de que el comprador actúe de buena fe e inicie efectivamente la orden de transferencia.

Para importes elevados, las grandes empresas estadounidenses también utilizan otros dos sistemas de transferencia interbancaria altamente automatizados: el Clearing House Interbank Payments System (CHIPS), gestionado por entidades financieras privadas, y el Fedwire Funds Service System, gestionado por la Reserva Federal.

Cobro de deudas

Fase amistosa

Dado que el sistema jurídico estadounidense es complejo y costoso (especialmente en lo que respecta a los honorarios de los abogados), es aconsejable negociar y llegar a un acuerdo extrajudicial con los clientes siempre que sea posible o, en su defecto, contratar a una agencia de cobro.

Procedimientos judiciales

El sistema judicial comprende dos tipos básicos de tribunales: los Tribunales de Distrito federales, con al menos uno en cada estado, y los Tribunales de Circuito o de Condado, bajo la jurisdicción de cada estado.

Procedimientos acelerados

Si la deuda es cierta e indiscutible, la legislación estadounidense prevé un procedimiento de «sentencia sumaria», en el que la solicitud de sentencia sumaria se basa en la alegación de una de las partes de que todas las cuestiones fácticas necesarias están resueltas o de que no es necesario celebrar un juicio. Esto resulta adecuado cuando el tribunal determina que no quedan cuestiones fácticas pendientes de juzgar y, por lo tanto, la causa de la acción o todas las causas de la acción incluidas en la demanda pueden resolverse sin necesidad de juicio. Si el juez decide que hay hechos en litigio, el tribunal denegará la solicitud de sentencia sumaria y ordenará la celebración de un juicio.

Procedimientos ordinarios

La gran mayoría de los procedimientos son tramitados por los tribunales estatales, que aplican la legislación estatal y federal a los litigios que entran dentro de su competencia (es decir, las acciones judiciales relativas a personas domiciliadas o residentes en el estado).

Los tribunales federales, por su parte, se pronuncian sobre controversias en las que intervienen gobiernos estatales, casos relacionados con la interpretación de la Constitución o de tratados federales, y reclamaciones por un importe superior a 75 000 dólares estadounidenses entre ciudadanos de diferentes estados de EE. UU., entre un ciudadano estadounidense y un extranjero o un organismo estatal extranjero o, en algunos casos, entre demandantes y demandados de países extranjeros.

Una característica clave del sistema judicial estadounidense es la fase de «descubrimiento» previa al juicio, en la que cada parte puede exigir a la parte contraria pruebas y testimonios relacionados con el litigio antes de que el tribunal conozca el caso. Durante el propio juicio, los jueces conceden a los demandantes y a sus abogados un margen de maniobra considerable para presentar documentos pertinentes en cualquier momento y para llevar a cabo el juicio en general. Se trata de un procedimiento contradictorio, en el que el juez desempeña más bien el papel de árbitro, velando por el cumplimiento de las normas procesales, aunque cada vez son más frecuentes las prácticas que refuerzan el papel del juez en la gestión del caso. La fase de «discovery» puede durar varios meses, incluso años. Puede acarrear costes elevados debido a la insistencia de cada parte en aportar constantemente pruebas pertinentes (alegadas por cada una de ellas), e implica diversos medios —como investigaciones, solicitudes de documentos justificativos, testimonios de testigos e informes de detectives— que posteriormente se someten a la aprobación del tribunal durante la fase final del procedimiento.

En los casos civiles, el jurado determina si la demanda está justificada y también fija la sanción que debe imponerse al infractor. En litigios especialmente complejos, prolongados o costosos, como los casos de insolvencia, se sabe que los tribunales permiten a los acreedores exigir responsabilidad a los profesionales (por ejemplo, auditores) que han asesorado a la parte incumplidora, cuando se demuestre que dichos asesores han actuado de forma indebida.

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Ejecución de una resolución judicial

Las sentencias nacionales en Estados Unidos otorgan a los acreedores derechos adicionales, como el embargo y la venta de los bienes del deudor o el embargo de su cuenta bancaria. Al tratarse de un Estado federal, las resoluciones dictadas en uno de los estados del país pueden ejecutarse en un tribunal de otro estado, siempre que el tribunal de ejecución considere que es competente para ejecutar dicha sentencia.

En cuanto a las sentencias extranjeras, cada estado tiene su propia legislación. No obstante, estas deben ser reconocidas primero como sentencias nacionales. Si existe un tratado de reconocimiento recíproco, el requisito queda cumplido. Sin embargo, en ausencia de dicho tratado, el procedimiento de exequátur tiene por objeto garantizar la ejecución en un tribunal nacional, tras verificar que la sentencia cumple determinados criterios establecidos por la legislación estatal.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Las legislaciones de los distintos estados pueden prever procedimientos extrajudiciales para evitar cualquier procedimiento judicial formal, como la «cesión en beneficio de los acreedores» (Assignment for the benefit of creditors) en el estado de California, en la que una empresa cede todos sus activos a un tercero independiente, quien los liquida y los distribuye entre todos los acreedores de manera equitativa.

PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN

El capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos ofrece a una entidad en dificultades la oportunidad de preservar su actividad como empresa en funcionamiento mientras lleva a cabo una reestructuración financiera. El deudor puede solicitar un ajuste de su deuda mediante la reducción del importe adeudado o la ampliación de los plazos de pago. La entidad deudora y su dirección continúan gestionando el negocio como «deudor en posesión». El Tribunal de Quiebras supervisa el procedimiento.

LIQUIDACIÓN

De acuerdo con el capítulo 7 del Código de Quiebras de Estados Unidos, el objetivo de estos procedimientos es llevar a cabo una liquidación ordenada de la entidad en dificultades. El proceso, supervisado por el tribunal, implica que un administrador judicial venda los activos y distribuya el producto de la venta entre los acreedores de acuerdo con las prioridades legales establecidas en el Código de Quiebras, además de interponer las acciones judiciales pertinentes. El Administrador de Estados Unidos nombra a un administrador provisional independiente para que se encargue del caso. El administrador provisional convoca una junta de acreedores tras la presentación de la solicitud. Es responsable de liquidar los activos de la masa y de distribuir el producto de la liquidación entre los acreedores. El tribunal supervisa el procedimiento. La legislación estatal también puede establecer mecanismos diferentes para la liquidación de los activos del deudor, como la administración judicial.

Última actualización: agosto de 2026