Estados Unidos de América

Una economía dinámica (pero polarizada)

Si se deja actuar por sí sola, la economía estadounidense debería mantener su buena salud en 2026. La mayor parte de los costes de los aranceles los están absorbiendo las empresas, lo que explica en gran medida por qué la inflación se ha mantenido hasta ahora por debajo de las expectativas. Las quiebras empresariales están superando los niveles previos a la pandemia, lo que indica que las empresas más débiles tienen dificultades para hacer frente al aumento de los costes, mientras que a las más sólidas les va muy bien. Una dinámica de polarización similar explica por qué la demanda de bienes y servicios se ha mantenido tan fuerte. Según estimaciones conservadoras, la cuota de consumo (el 70 % del PIB) del quintil más rico se sitúa en el 35 %; la del quintil más rico, entre el 50 % y el 60 %. Cuanto más rico se es, más expuesto se está al mercado de valores: el 0,1 % más rico mantiene alrededor del 70 % de su patrimonio financiero en acciones, frente al 15 %-20 % del 50 % más pobre. Por lo tanto, el entusiasmo de los inversores en torno a la IA no solo está impulsando el gasto en capital (CAPEX), sino que también está sustentando el gasto de los estadounidenses más ricos. Además, las devoluciones fiscales adicionales derivadas de la Ley «One Big Beautiful Bill» (OBBBA) deberían suponer un impulso del 0,8 % a los ingresos de los hogares a lo largo del año. Del mismo modo, esperamos que la depreciación y la disposición sobre la deducción de los gastos de I+D impulsen la inversión de capital, extendiendo el impulso del CAPEX más allá del ecosistema de la IA. En todo caso, podríamos enfrentarnos a un exceso de demanda y la convergencia hacia la inflación del 2 % que esperamos, una vez que se haya completado el traspaso de los aranceles, podría posponerse.

Hay dos ámbitos que deben seguirse de cerca: el mercado bursátil y el mercado laboral. Entre los posibles factores desencadenantes de una corrección bursátil se encuentran un cambio de tendencia en la confianza de los inversores respecto a la IA, así como una política impredecible por parte de una Casa Blanca temerosa de perder el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura. En cuanto al mercado laboral, cabría esperar que el buen panorama de crecimiento lo recuperara. Pero, dados los fuertes incentivos para la sustitución de mano de obra impulsada por la tecnología, daremos por terminado el mercado laboral de «pocos despidos y pocas contrataciones» cuando lo veamos. La escasez de mano de obra se hará cada vez más patente en sectores que dependen de la mano de obra indocumentada (construcción, industria alimentaria, hostelería). Se espera que la Fed acerque los tipos de interés al 3 %, aunque no se descarta una pausa si se intensifican las presiones inflacionistas. A pesar de la creciente presión por parte del Ejecutivo, no esperamos que la independencia de la Reserva Federal se vea comprometida de forma concreta mientras la defienda el Tribunal Supremo. Por lo tanto, prevemos que la recuperación en la construcción sea bastante prolongada y se concentre en la segunda mitad del año. A medida que se desvanezcan los efectos de la acumulación de existencias impulsada por los aranceles, esperamos una contribución positiva de las exportaciones netas.

El dominio del dólar estadounidense permite una política fiscal generosa; los déficits externos persistirán

Si no fuera por el atractivo de los bonos del Estado estadounidense como activo de reserva de referencia a nivel mundial, la trayectoria fiscal sería motivo de preocupación inminente. Debido a una combinación de tipos de interés más altos y déficits primarios persistentemente elevados (3 % del PIB), el gasto en intereses se ha disparado desde una media prepandémica del 1,5 % del PIB hasta el 3,1 % en 2025, y se espera que siga aumentando a medida que el crecimiento se normalice, pero los tipos se mantengan altos. Las partidas de gasto más importantes (seguridad social, sanidad y defensa) seguirán creciendo en un contexto de envejecimiento de la población, aumento de los costes sanitarios y necesidad de modernizar y mantener las capacidades militares. El impulso para mejorar la eficiencia en los gastos públicos debería ser relativamente modesto, ya que los principales objetivos potenciales de recorte son políticamente sensibles (gastos en veteranos, la crisis de los opiáceos y las ayudas a la vivienda), mientras que los recortes en la plantilla de la función pública tienen un margen limitado. La OBBBA, que introduce recortes fiscales de gran alcance al tiempo que solo reduce parcialmente el gasto (sanidad, ayuda alimentaria y subvenciones a las energías renovables), debería traducirse en un aumento neto de entre 3 y 3,7 billones de dólares de la deuda federal durante los próximos diez años. Los aranceles han demostrado ser un instrumento útil para recaudar ingresos (273 000 millones de dólares en 2025, el 0,9 % del PIB), pero no a una escala que compense de manera significativa las presiones deficitarias más generales. Además, una sentencia del Tribunal Supremo que recorte la legitimidad política de una gran parte del actual régimen arancelario provocaría un déficit de ingresos. Dado el fuerte incentivo del Partido Republicano para calmar las preocupaciones económicas de cara a las elecciones de mitad de legislatura, existe un riesgo al alza en el gasto, por ejemplo, la propuesta de distribuir «cheques de devolución de aranceles» por valor de 2 000 dólares a los hogares. Vemos potencial para que la presión sobre los tipos de interés soberanos siga aumentando a medio plazo.

A pesar de cierta reducción, el país seguirá acumulando elevados déficits por cuenta corriente en un futuro previsible. Por un lado, la buena salud del consumo generará una demanda persistente de importaciones; por otro, la inversión extranjera debería seguir fluyendo hacia la economía, mientras que el gasto deficitario adicional mencionado anteriormente generará necesidades de financiación. Los aranceles podrían provocar una reducción de las importaciones totales a muy corto plazo, pero la diversificación de los socios comerciales debería compensar progresivamente ese efecto. Las «vulnerabilidades» externas de EE. UU. solo se convertirían en un problema si el estatus del dólar como moneda de reserva y el de los bonos del Tesoro como activos refugio se viera significativamente mermado. Podría decirse que en 2025 se han observado algunos indicios tempranos de ello, pero aún es pronto para saber si se trata de un fenómeno puntual o de una tendencia.

Política exterior «America first» y riesgos para la independencia de la Fed

El presidente Donald Trump y el Partido Republicano obtuvieron una victoria decisiva en las elecciones de noviembre de 2024, ganando la presidencia por un cómodo margen en el Colegio Electoral (312/538 votos) y en ambas cámaras del Congreso (220/435 escaños en la Cámara de Representantes, 53/100 escaños en el Senado). Dada la escasa mayoría de cinco escaños, el número récord de representantes que se jubilan (43), el elevado número de circunscripciones reñidas (42) y la tendencia a que los titulares sean sancionados en las elecciones de mitad de legislatura, la Cámara de Representantes tiene muchas posibilidades de pasar a manos demócratas. Los republicanos tienen más posibilidades de mantener el Senado, pero este también está en peligro. Las mayorías en ambas cámaras han sido cruciales para aprobar políticas emblemáticas, como la prórroga y ampliación de los recortes fiscales de 2017, el aumento del presupuesto para la aplicación de la ley de inmigración, la restricción de los requisitos de acceso a Medicaid y la reducción de los créditos fiscales para la energía limpia y los vehículos eléctricos. La mayoría de los tipos de legislación también requieren 60 votos en el Senado, lo que otorga a los demócratas cierto poder para obstruir las políticas y, en ocasiones, provoca paros gubernamentales. El Tribunal Supremo se inclina hacia los republicanos (6-3), y su compromiso de actuar como contrapeso al poder ejecutivo se ve cuestionado por una Casa Blanca dispuesta a poner a prueba los límites. El presidente también está presionando a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés más de lo que lo haría en circunstancias normales. Entre 1 y 3 de los 12 puestos del comité de política monetaria de la Reserva Federal serán sustituidos por el presidente en 2026, incluido el de presidente del comité. Esto no bastaría para controlar el comité, incluso si todos los nombrados por Trump siguieran la línea del presidente. Aunque todavía queda cierto margen antes de que se vea comprometida la independencia de la Reserva Federal, este se está reduciendo.

No debe descartarse una ampliación del régimen arancelario, dada la predilección del presidente por esta herramienta. Sin embargo, cabría esperar que los aranceles adicionales fueran puntuales en comparación con todos los que se añadieron en 2025, o que se utilizaran para reconstituir regímenes arancelarios declarados ilegales. La relación con China es una importante fuente de inestabilidad potencial. Existe una competencia estratégica profundamente arraigada entre ambas superpotencias. Ambas partes han utilizado diversas herramientas para ejercer presión sobre la economía de su rival (aranceles, manipulación monetaria, subvenciones industriales, restricciones a la exportación de insumos críticos como semiconductores y minerales de tierras raras). En el momento de redactar este informe, la relación está atravesando una relativa distensión, con una tregua comercial que expirará en noviembre de 2026. Sin embargo, esta situación puede revertirse rápidamente. Estados Unidos seguirá buscando el desacoplamiento de China en los ámbitos comercial y financiero, al tiempo que refuerza su influencia geopolítica en el hemisferio occidental, como lo demuestran de manera emblemática su creciente implicación en Venezuela y sus aspiraciones de adquirir Groenlandia. La revisión del USMCA en julio de 2026 redefinirá los términos de la relación comercial con Canadá y México, los principales socios comerciales de EE. UU. (el 20 % del comercio total). Nuestra hipótesis de trabajo es que el acuerdo sobrevivirá, aunque es más difícil determinar si será en forma de una prórroga completa (de 2036 a 2042) o si estará sujeto a otra revisión en 2027. Se espera que continúe el impulso a la desregulación, especialmente en materia de medio ambiente y de presentación de informes y cumplimiento normativo, lo que se traducirá en una reducción de la burocracia para las empresas.

Pago

Los exportadores deben prestar especial atención a las cláusulas del contrato de venta relativas a las obligaciones respectivas de las partes y determinar las condiciones de pago más adecuadas al contexto, especialmente cuando se trate de obligaciones de pago a crédito. A este respecto, los cheques y las letras de cambio son instrumentos de pago muy básicos que no permiten a los acreedores interponer acciones de recuperación en virtud del «derecho cambiario» (droit cambiaire), como sí es posible en otros países signatarios de los Convenios de Ginebra de 1930 y 1931 sobre el tratamiento jurídico uniforme de las letras de cambio y los cheques.

Los cheques se utilizan ampliamente, pero, dado que no es obligatorio que estén cubiertos en el momento de su emisión, ofrecen garantías relativamente limitadas. Los titulares de las cuentas pueden suspender el pago de un cheque presentando una solicitud por escrito al banco en un plazo de 14 días a partir de la emisión del mismo. Además, en caso de impago, los beneficiarios deben presentar pruebas de su reclamación. Los cheques certificados ofrecen mayor seguridad a los proveedores, ya que el banco que certifica el cheque confirma así la existencia de fondos suficientes en la cuenta y se compromete a pagarlo. Aunque son más difíciles de obtener y, por lo tanto, menos habituales, los cheques de caja —cheques girados directamente contra la propia cuenta del banco— ofrecen una seguridad total, ya que constituyen un compromiso directo de pago por parte del banco.

Las letras de cambio y los pagarés se utilizan con menos frecuencia y no ofrecen ninguna prueba específica de la deuda. El sistema de cuenta abierta solo se justifica una vez que se ha establecido una relación comercial continuada.

Las transferencias se utilizan con frecuencia —especialmente a través de la red electrónica SWIFT, a la que están conectados la mayoría de los bancos estadounidenses y que permite tramitar pagos internacionales de forma rápida y a bajo coste—. Las transferencias SWIFT resultan especialmente adecuadas cuando existe una confianza real entre las partes contratantes, ya que el vendedor depende de que el comprador actúe de buena fe y inicie efectivamente la orden de transferencia.

Para importes elevados, las grandes empresas estadounidenses también utilizan otros dos sistemas de transferencia interbancaria altamente automatizados: el Clearing House Interbank Payments System (CHIPS), gestionado por entidades financieras privadas, y el Fedwire Funds Service System, gestionado por la Reserva Federal.

Cobro de deudas

Fase amistosa

Dado que el sistema jurídico estadounidense es complejo y costoso (especialmente en lo que respecta a los honorarios de los abogados), es aconsejable negociar y llegar a un acuerdo extrajudicial con los clientes siempre que sea posible o, en su defecto, contratar a una agencia de cobro.

Procedimientos judiciales

El sistema judicial comprende dos tipos básicos de tribunales: los tribunales federales de distrito, con al menos uno en cada estado, y los tribunales de circuito o de condado, bajo la jurisdicción de cada estado.

Procedimientos acelerados

Si la deuda es cierta e indiscutible, la legislación estadounidense prevé un procedimiento de «sentencia sumaria», en el que la solicitud de sentencia sumaria se basa en la alegación de una de las partes de que todas las cuestiones fácticas necesarias están resueltas o de que no es necesario celebrar un juicio. Esto resulta adecuado cuando el tribunal determina que no quedan cuestiones fácticas pendientes de juicio y, por lo tanto, la causa de la demanda o todas las causas de la demanda pueden resolverse sin necesidad de juicio. Si el juez decide que hay hechos en litigio, el tribunal denegará la solicitud de sentencia sumaria y ordenará la celebración de un juicio.

Procedimientos ordinarios

La gran mayoría de los procedimientos se tramitan ante los tribunales estatales, que aplican la legislación estatal y federal a los litigios que entran dentro de su competencia (es decir, acciones judiciales relativas a personas domiciliadas o residentes en el estado).

Los tribunales federales, por su parte, se pronuncian sobre controversias en las que intervienen gobiernos estatales, casos relacionados con la interpretación de la Constitución o de tratados federales, y reclamaciones por un importe superior a 75 000 dólares estadounidenses entre ciudadanos de diferentes estados de EE. UU., entre un ciudadano estadounidense y un extranjero o un organismo estatal extranjero o, en algunos casos, entre demandantes y demandados de países extranjeros.

Una característica clave del sistema judicial estadounidense es la fase de «descubrimiento» previa al juicio, en la que cada parte puede exigir a la parte contraria pruebas y testimonios relacionados con el litigio antes de que el tribunal conozca el caso. Durante el propio juicio, los jueces conceden a los demandantes y a sus abogados un margen de maniobra considerable para presentar documentos pertinentes en cualquier momento y para llevar a cabo el juicio en general. Se trata de un procedimiento contradictorio, en el que el juez desempeña más bien el papel de árbitro, velando por el cumplimiento de las normas procesales, aunque cada vez son más frecuentes las prácticas que refuerzan el papel del juez en la gestión del caso. La fase de «discovery» puede durar varios meses, incluso años. Puede acarrear elevados costes debido a la insistencia de cada parte en aportar constantemente pruebas pertinentes (alegadas por cada una de ellas), e implicar diversos medios —como investigaciones, solicitudes de documentos justificativos, testimonios de testigos e informes de detectives— que posteriormente se someten a la aprobación del tribunal durante la fase final del proceso.

En los casos civiles, el jurado determina si la demanda está justificada y también fija la sanción que debe imponerse al infractor. En litigios especialmente complejos, prolongados o costosos, como los casos de insolvencia, se sabe que los tribunales permiten a los acreedores exigir responsabilidad a los profesionales (por ejemplo, auditores) que han asesorado a la parte incumplidora, cuando se demuestre que dichos asesores han actuado de forma indebida.

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Ejecución de una resolución judicial

Las sentencias nacionales en Estados Unidos otorgan a los acreedores derechos adicionales, como el embargo y la venta de los bienes del deudor o el embargo de su cuenta bancaria. Al tratarse de un Estado federal, las resoluciones dictadas en uno de los estados del país pueden ejecutarse en un tribunal de otro estado, siempre que el tribunal de ejecución considere que es competente para ejecutar dicha sentencia.

En cuanto a las sentencias extranjeras, cada estado tiene su propia legislación. No obstante, estas deben ser reconocidas primero como sentencias nacionales. Si existe un tratado de reconocimiento recíproco, el requisito queda cumplido. Sin embargo, en ausencia de dicho tratado, el procedimiento de exequátur tiene por objeto garantizar la ejecución en un tribunal nacional, tras verificar que la sentencia cumple determinados criterios establecidos por la legislación estatal.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Las legislaciones de los distintos estados pueden prever procedimientos extrajudiciales para evitar cualquier proceso judicial formal, como la «cesión en beneficio de los acreedores» (Assignment for the benefit of creditors) en el estado de California, en la que una empresa cede todos sus activos a un tercero independiente, que los liquida y los distribuye entre todos los acreedores de manera equitativa.

PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN

El capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos ofrece a una entidad en dificultades la oportunidad de preservar su actividad empresarial como empresa en funcionamiento mientras lleva a cabo una reestructuración financiera. El deudor puede solicitar un ajuste de su deuda mediante la reducción del importe adeudado o la ampliación de los plazos de pago. La entidad deudora y su dirección continúan gestionando el negocio como deudor en posesión. El Tribunal de Quiebras supervisa el procedimiento.

LIQUIDACIÓN

De acuerdo con el capítulo 7 del Código de Quiebras de Estados Unidos, el objetivo de este procedimiento es llevar a cabo una liquidación ordenada de la entidad en dificultades. El proceso, supervisado por el tribunal, implica que un administrador venda los activos y distribuya el producto de la venta entre los acreedores de acuerdo con las prioridades legales establecidas en el Código de Quiebras, además de interponer las acciones legales disponibles. El Administrador de los Estados Unidos nombra a un administrador provisional independiente para que se encargue del caso. El administrador provisional convoca una junta de acreedores tras la presentación de la solicitud. Es responsable de liquidar los activos de la masa y de distribuir el producto de la liquidación entre los acreedores. El tribunal supervisa el procedimiento. La legislación estatal también puede establecer mecanismos diferentes para la liquidación de los activos del deudor, como la administración judicial.

Última actualización: enero de 2025