Países Bajos

Un crecimiento del PIB estable, aunque en desaceleración, respaldado por unos fundamentos sólidos y la inversión pública

Se prevé que las perspectivas económicas de los Países Bajos para 2026 y 2027 sean más moderadas, tras haber superado en general a sus homólogos europeos desde el inicio de la pandemia. El consumo de los hogares, que ha sido un motor clave del crecimiento —con un aumento del consumo real de alrededor del 1,7 % en 2025—, parece destinado a perder impulso. Es probable que el aumento gradual del desempleo —aunque se espera que se mantenga en niveles manejables en términos históricos— y la desaceleración del crecimiento del empleo lastren la confianza de los consumidores. Se prevé que esta evolución del mercado laboral, unida a las renovadas presiones sobre los precios, erosione el poder adquisitivo real y empañe la confianza de los consumidores. Es probable también que el aumento de los tipos de interés limite cada vez más el gasto discrecional, especialmente en artículos sensibles a los tipos de interés. Las medidas gubernamentales destinadas a respaldar los ingresos de los hogares deberían mitigar parcialmente estos factores adversos, mientras que el aumento del gasto público y la inversión continuada —sobre todo en defensa— proporcionarán cierto contrapeso. No obstante, se prevé que el crecimiento global de la demanda interna se modere.

Las perspectivas de la inversión privada se ven igualmente empañadas por un entorno económico más incierto. Se prevé que el aumento de los precios de la energía, los elevados costes de financiación y la disminución gradual de los beneficios operativos de las empresas observada en los últimos años lastren las decisiones de inversión privada. A medida que se intensifican las presiones sobre los costes, es probable que los márgenes empresariales se vean sometidos a nuevas tensiones, lo que contribuirá a un aumento de las insolvencias tras su retorno a los niveles previos a la pandemia en 2025. Se prevé que este deterioro sea desigual entre los distintos sectores, concentrándose el impacto en los segmentos más vulnerables, altamente expuestos a la sensibilidad a los tipos de interés y al aumento de los costes de los insumos y la energía. El sector de la construcción destaca a este respecto. Si bien la actividad de ingeniería civil y la inversión pública —especialmente en la ampliación de la red eléctrica y otras infraestructuras relacionadas con la transición energética— deberían proporcionar cierto colchón, el sector sigue enfrentándose a elevados costes de materiales y mano de obra, a una demanda más débil y a los efectos adversos del aumento de los tipos de interés tanto en la financiación de proyectos como en la asequibilidad de la vivienda. En consecuencia, es probable que las condiciones en el sector de la construcción sigan siendo difíciles a lo largo de 2026 y hasta bien entrado 2027.

El entorno externo ofrece un apoyo adicional limitado al crecimiento. Las perspectivas comerciales para 2026 y 2027 siguen siendo difíciles, ya que el crecimiento del comercio europeo y mundial se ve limitado por una desaceleración económica más generalizada. Además, se prevé que el impacto gradual de los aranceles estadounidenses laste los flujos comerciales internacionales, aunque los Países Bajos están menos expuestos directamente que otras economías europeas altamente abiertas. A pesar de estos obstáculos, los resultados de las exportaciones deberían seguir beneficiándose del sólido posicionamiento de los Países Bajos en sectores de alto valor añadido. En particular, se espera que la sólida demanda de equipos informáticos y la profunda integración del país en las cadenas de valor mundiales relacionadas con los semiconductores y la inteligencia artificial sigan siendo importantes fuentes de resiliencia. Estos sectores deberían ayudar a compensar los resultados más débiles en áreas más cíclicas del comercio, lo que permitirá que las exportaciones aporten una contribución modesta, pero estabilizadora, al crecimiento a medio plazo.

El déficit público volverá a ampliarse, pero se mantendrá dentro de los umbrales de Maastricht

Se prevé que el déficit público se mantenga elevado a medio plazo. Tras ampliarse aún más en 2024 y alcanzar su máximo en 2025 —su nivel más alto en más de una década, excluyendo la pandemia—, el saldo presupuestario volverá a deteriorarse en 2026 antes de reducirse ligeramente en 2027. A pesar de esta trayectoria, los Países Bajos siguen siendo considerados un país fiscalmente prudente, ya que tanto el déficit como la deuda pública se mantienen dentro de los umbrales de Maastricht. El aumento temporal en 2026 refleja la combinación de unos ingresos estructuralmente más bajos, tras los recortes fiscales dirigidos a los hogares con rentas más bajas, y un gasto que aumenta gradualmente. Se prevé que el gasto público siga aumentando a lo largo del horizonte de previsión, impulsado por los compromisos sostenidos en materia de defensa, junto con el aumento constante de los costes de la seguridad social y la sanidad. A medida que algunas presiones temporales se alivien y las medidas de ingresos ganen terreno, la consolidación fiscal debería reanudarse en 2027, aunque a un ritmo gradual.

Se prevé que el superávit por cuenta corriente de los Países Bajos se refuerce aún más tanto en 2026 como en 2027. Aunque se redujo ligeramente, el saldo por cuenta corriente se situó en torno al 8 % del PIB en 2025 —respaldado por el superávit del comercio de bienes y un mayor superávit de servicios—; la posición exterior debería mantenerse sólida a medio plazo. Si bien el saldo de la renta primaria se había debilitado en los últimos años debido al entorno de tipos de interés elevados, se espera que la reducción de los costes de financiación contribuya a una mejora gradual de este componente. Aunque persiste la incertidumbre sobre el posible impacto de nuevas restricciones comerciales de EE. UU. en las exportaciones de bienes, es probable que esto se vea compensado en parte por la mejora de los flujos de renta primaria. En consecuencia, se prevé que el superávit por cuenta corriente aumente de forma leve pero constante durante el horizonte 2026-27, lo que reforzará la sólida posición exterior de los Países Bajos.

La nueva coalición de gobierno de centro se encuentra en terreno inestable en los Países Bajos

Las elecciones generales de octubre de 2025 dieron lugar a un resultado fragmentado, en el que el partido centrista y social-liberal D66 se erigió como el más votado, con un 17 % de los votos, por delante, por un estrecho margen, del Partido por la Libertad (PVV), de extrema derecha, liderado por Geert Wilders. Las elecciones se convocaron tras la caída del Gobierno anterior a mediados de 2025, en medio de desacuerdos sobre la política de asilo. Tras largas negociaciones, el D66 formó un gobierno de coalición minoritario en enero de 2026 junto con el VVD, de tendencia conservadora-liberal, y el CDA, de tendencia democristiana, obteniendo 66 escaños en la Tweede Kamer, de 150 escaños, lo que le obligaba a contar con apoyo externo para la mayoría de las leyes —una situación relativamente poco habitual en el sistema político neerlandés—. La coalición resultante se caracteriza, en general, por ser de centro a centro-derecha.

El Gobierno se ha comprometido a mantener una política fiscal prudente, pero las prioridades políticas apuntan a un aumento gradual del gasto público. En concreto, está previsto que aumenten las inversiones en defensa y vivienda, junto con los esfuerzos por reformar el sector agrícola, incluidos posibles planes de compra de explotaciones agrícolas. Para ayudar a financiar estas iniciativas, la coalición ha anunciado planes para subir los impuestos, incluyendo mayores gravámenes tanto sobre la renta de las personas físicas como sobre la de las empresas, al tiempo que ha señalado recortes en el gasto sanitario y de la seguridad social (principalmente a través de mayores cotizaciones personales). Los recientes anuncios de medidas adicionales de apoyo relacionadas con la energía —por un importe de alrededor de 1 000 millones de euros— en respuesta a las perturbaciones vinculadas al aumento de los precios de la energía provocado por la escalada del conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel subrayan la intención del Gobierno de preservar un margen fiscal suficiente para responder a las crisis cuando sea necesario.

Al tratarse de un gobierno en minoría, la coalición se enfrenta a importantes limitaciones políticas. Se prevé que la necesidad de obtener mayorías parlamentarias puntuales de los partidos de la oposición complique la aprobación de leyes clave, en particular de medidas políticamente más delicadas, como los recortes de gasto y las reformas estructurales. Por lo tanto, persiste la incertidumbre sobre si el Gobierno será capaz de reunir el apoyo suficiente para el otoño de 2026 a fin de aplicar íntegramente su programa político. Es probable que estas limitaciones frenen el ritmo y el alcance de las reformas durante el horizonte de previsión. Las próximas elecciones generales están previstas para 2030, lo que sugiere que la fragmentación política podría seguir siendo una característica estructural del panorama político neerlandés en los próximos años.

Pagos

En los Países Bajos, las transferencias bancarias son, con diferencia, el método de pago más habitual tanto para las transacciones entre empresas nacionales como para las de exportación. Todos los bancos neerlandeses están conectados a la red electrónica SWIFT, que permite tramitar pagos internacionales de forma económica, flexible y rápida. También se utilizan ampliamente la domiciliación bancaria y diversos sistemas centralizados de cobro local. Las ventas en línea gozan de una popularidad cada vez mayor y la mayoría de las empresas utilizan actualmente software de banca digital. Los pagos en efectivo están desapareciendo progresivamente y otros métodos de pago, como los cheques y las letras de cambio, se utilizan muy raramente.

Cobro de deudas

Fase amistosa

Un proceso de cobro de deudas suele comenzar y terminar con el envío al deudor de una carta de reclamación (a veces certificada). El envío de cartas (únicamente) por correo electrónico se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. Además del importe principal de la deuda, la carta de reclamación suele incluir también una exigencia de pago de los intereses devengados y los gastos extrajudiciales. Si los tipos de interés y/o los gastos no se han acordado contractualmente, la legislación neerlandesa regula los límites para ambos. Si las medidas amistosas, que incluyen recordatorios por teléfono y, en su caso, una visita al deudor, no dan lugar al pago íntegro, el acreedor puede iniciar acciones legales, de conformidad con el Derecho civil neerlandés.

PROCESO JUDICIAL

Procedimientos acelerados

En casos urgentes, las reclamaciones pueden someterse a un procedimiento acelerado (kort geding). Este procedimiento se asemeja al de los tribunales civiles ordinarios, pero, si el juez (presidido por el presidente del tribunal de distrito) se muestra convencido de los argumentos del demandante, dicta una resolución en un plazo muy breve —por lo general, entre dos y cuatro semanas—. Durante este procedimiento, algo simplificado, el juez suele dictar una resolución temporal o provisional para los asuntos más urgentes. Si, tras esta resolución provisional, las partes no llegan a un acuerdo definitivo sobre todas las cuestiones, deberán obtener una sentencia definitiva en un proceso civil «ordinario» (bodemprocedure).

El procedimiento acelerado en los Países Bajos difiere del procedimiento (europeo) de requerimiento de pago utilizado en muchos otros Estados europeos. Siempre requiere la asistencia de un abogado y la comparecencia personal de todas las partes ante el juez. Dado que esto encarece considerablemente el procedimiento acelerado, no se utiliza con frecuencia en los casos habituales de cobro de deudas.

Procedimientos ordinarios

El procedimiento civil ordinario, que se celebra en uno de los once juzgados de distrito (Rechtbank), es el recurso más utilizado. Las demandas de hasta 25 000 € son tramitadas por un juez de la sección cantonal del tribunal de distrito (kantonrechter), mientras que las que superan los 25 000 € se presentan ante la sección de derecho civil. La principal diferencia en la sección de derecho civil es que tanto el demandante como el deudor deben estar representados por un abogado, mientras que en la sección cantonal se permite a las partes defender sus propios casos. Ambos tipos de procedimientos comienzan cuando un agente judicial entrega al deudor una citación judicial. En muchos casos, los deudores no impugnan la demanda ni comparecen ante el tribunal. Esto da lugar a que se dicte una sentencia en rebeldía, normalmente en un plazo de seis a ocho semanas. Si el deudor comparece ante el tribunal, el juez fija una fecha para que él o su abogado preparen un escrito de contestación (conclusie van antwoord). Sin embargo, al comparecer ante un juez del sector cantonal, los deudores pueden representarse a sí mismos y defender su caso verbalmente. Tras la primera alegación, el procedimiento habitual es que el juez fije comparecencias personales de ambas partes para recabar más información y ver si es posible llegar a un acuerdo (comparitie van partijen). De no ser así, el tribunal puede dictar sentencia de inmediato o, en casos más complejos, dar al demandante la oportunidad de presentar una réplica (conclusie van repliek). A continuación, el demandado puede responder mediante una dúplica (conclusie van dupliek). Estos procedimientos duran, de media, entre seis y doce meses.

Procedimientos de liquidación

Un tercer procedimiento, a menudo eficaz, para cobrar los pagos consiste en presentar una solicitud de liquidación ante el tribunal de distrito. Este tipo de solicitud debe ser presentada por un abogado y el solicitante debe aportar pruebas del impago de una deuda no impugnada y de la existencia de al menos otro acreedor con un crédito no impugnado de cualquier tipo (por ejemplo, deuda comercial, pensión alimenticia pendiente o impuestos). A continuación, un agente judicial notifica formalmente al deudor que se ha presentado una solicitud de liquidación. Para evitar la quiebra, el deudor puede optar por comparecer ante el tribunal para impugnar la reclamación (o el hecho de que existan otros acreedores) o proponer un acuerdo extrajudicial. Dado que la mayoría de los deudores intentan llegar a un acuerdo, estos procedimientos suelen anularse antes de la fecha de la vista judicial. De lo contrario, y si hay pruebas suficientes, se declara al deudor en quiebra. Aproximadamente el 95 % de todas las quiebras dan lugar a que los acreedores no preferentes no reciban ningún pago.

Reserva de dominio y derecho de reclamación

Además de iniciar acciones legales o reclamar la reserva de dominio (si así se ha estipulado), los vendedores de bienes pueden, a menudo, ejercer su derecho de reclamación (recht van reclame) sobre los bienes impagados. Esto implica enviar al deudor una carta certificada en la que se invoque dicho derecho. De este modo, el contrato queda rescindido y, por ley, la propiedad de los bienes vuelve al acreedor. Sin embargo, este recurso requiere que los bienes se encuentren en su estado original. La carta certificada debe enviarse en un plazo de 6 semanas a partir del vencimiento de la deuda y en un plazo de 60 días a partir de la entrega de los bienes. 

Ejecución de una resolución judicial

Si un deudor no cumple voluntariamente una resolución judicial, el acreedor puede iniciar acciones para ejecutar la sentencia del juez. Dado que la mayoría de las resoluciones judiciales surten efecto de forma inmediata, los acreedores no tienen que esperar a que expire el plazo de tres meses para interponer recurso de apelación. La legislación en materia de ejecución establece normas legales sobre las medidas coercitivas y la forma en que estas pueden aplicarse. En los Países Bajos, solo los agentes judiciales están autorizados a llevar a cabo la ejecución y actúan por encargo del acreedor. Para que se puedan aplicar medidas coercitivas, deben cumplirse dos condiciones. El agente judicial debe estar en posesión de un título ejecutivo (una sentencia original y ejecutable) y la parte contra la que se ejecute la medida debe haber recibido previamente una notificación oficial del título ejecutivo.

Las resoluciones judiciales dictadas por otros países de la UE se benefician de mecanismos de ejecución específicos, entre los que se incluyen el requerimiento de pago de la UE y el procedimiento europeo de reclamaciones de escasa cuantía. Las resoluciones dictadas por países no pertenecientes a la UE pueden reconocerse y ejecutarse sobre una base recíproca, siempre que el país emisor forme parte de un acuerdo bilateral o multilateral con los Países Bajos. A falta de dicho acuerdo, puede llevarse a cabo un procedimiento de exequátur ante los tribunales neerlandeses. 

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN

La reestructuración de la deuda empresarial implica el recurso al procedimiento de suspensión de pagos (surseance van betaling). Se concede al deudor un respiro temporal frente a los acreedores, con el fin de permitirle reorganizarse, continuar con sus operaciones comerciales y, en última instancia, satisfacer los créditos de sus acreedores, todo ello bajo la supervisión de un administrador designado por el tribunal. Se propone un plan que debe ser aprobado por dos tercios de los acreedores que representen tres cuartas partes de la deuda total pendiente.

PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA

Los activos del deudor son liquidados por el administrador judicial designado por el tribunal. Este procedimiento se inicia cuando el deudor ha dejado de pagar y el Juzgado de Primera Instancia ha declarado al deudor en quiebra. Si un acreedor solicita que se declare al deudor en quiebra, debe haber al menos dos acreedores con créditos vencidos. Sin embargo, cuando la liquidación la solicita el propio deudor, no es obligatorio aportar pruebas de la existencia de acreedores adicionales.

El administrador concursal elabora una lista de acreedores, los activos del deudor se subastan y el producto de la subasta se distribuye entre los acreedores.

Última actualización: mayo de 2026