Sudáfrica

Perspectivas de crecimiento persistentemente moderadas

A pesar de una notable mejora en el suministro eléctrico desde el punto álgido de la crisis energética de 2022-23, la economía sudafricana sigue estancada en una dinámica de bajo crecimiento. Por el lado de la oferta, el sector de los servicios, especialmente el financiero, se mantiene sólido y sigue siendo el principal motor del crecimiento. Sin embargo, la volatilidad de la agricultura (que representa solo el 2,5 % del PIB, pero sigue concentrando el 19 % del empleo), unida a unos sectores (industria manufacturera y minería) que siguen sufriendo una débil demanda interna y externa y dificultades logísticas (ferrocarril y puertos), está lastrando la actividad. Además, la inversión privada se ve mermada por la incertidumbre económica y política, así como por la reducción del gasto de las empresas en proyectos de producción independiente de electricidad en comparación con años anteriores.

En 2026, el crecimiento debería acelerarse, impulsado principalmente por la demanda interna. Las reformas puestas en marcha para abordar los problemas estructurales de las redes críticas mejorarán las condiciones económicas generales. En lo que respecta a la electricidad, Eskom tiene previsto añadir 8 700 MW de capacidad mediante planes de generación integrada de aquí a 2027, lo que debería traducirse en un aumento del gasto de capital y estabilizar el suministro. En este sentido, los cortes de suministro aún no han terminado, ya que una demanda de electricidad superior a la prevista, la pérdida de unidades de generación y el mantenimiento programado siguen provocando cortes ocasionales, aunque a un ritmo mucho menor que en el punto álgido de la crisis. La inversión pública, aunque limitada por el escaso margen de maniobra fiscal, debería contribuir al crecimiento a medio plazo, ya que el presupuesto para 2025-2026 prevé 1 billón de ZAR (56 000 millones de dólares) para gasto en infraestructuras y adquisición de bienes de capital durante los próximos tres años, destinados principalmente a los sectores de la energía, el transporte y la logística, así como al agua y el saneamiento. Dado que se prevé que la inflación se acelere ligeramente (debido principalmente al ajuste de los precios regulados y al impuesto sobre los combustibles), pero sin superar la tasa objetivo del banco central del 4,5 % en 2026, la política monetaria debería mantenerse en líneas generales neutral, lo que implica un tipo de interés de las operaciones de recompra en el rango del 6,75-7,00 % (7,00 % a fecha de agosto de 2025). No obstante, los menores costes de los intereses en comparación con años anteriores, junto con las retiradas de fondos del sistema de pensiones de dos pilares y una inflación relativamente baja, deberían seguir respaldando el consumo privado.

La situación exterior sigue siendo muy difícil e incierta. La menor demanda mundial de minerales lastrará al sector minero. Además, Sudáfrica está directamente expuesta a un aumento de los aranceles estadounidenses. Además del arancel recíproco del 30 % que entrará en vigor el 1 de agosto de 2025, ya se han aplicado aranceles del 25 % sobre los automóviles y sus piezas, y del 50 % sobre el acero y el aluminio, lo que afecta directamente a las industrias automovilística y metalúrgica sudafricanas. La industria automovilística representa alrededor del 5 % del PIB y el 18 % de las exportaciones. Aunque Sudáfrica sigue intentando negociar exenciones de estos aranceles con la Administración estadounidense, un resultado favorable está lejos de estar garantizado, y es probable que se mantenga la presión sobre estos sectores en el ámbito de las exportaciones. A medio y largo plazo, la situación podría dar lugar a un aumento de las exportaciones hacia otros mercados, incluida China (por ejemplo, productos agrícolas), que ha anunciado una política de aranceles cero para 53 países africanos, entre ellos Sudáfrica.

Las finanzas públicas, sometidas a presión por la falta de ingresos

Las finanzas públicas de Sudáfrica se han deteriorado en los dos ejercicios fiscales anteriores a pesar de los esfuerzos de consolidación y seguirán bajo presión en el ejercicio fiscal 2025-2026. Si bien el objetivo de las autoridades es reducir el déficit y estabilizar la deuda a medio plazo (para el ejercicio fiscal 2027-2028), cualquier mejora tardará en materializarse. La capacidad para reducir significativamente el gasto se ve frenada por las presiones salariales, los costes del servicio de la deuda (el 22 % de los ingresos, el 5,6 % del PIB), el apoyo financiero a las empresas públicas y la necesidad de respaldar las redes críticas. Al mismo tiempo, la capacidad de la economía para generar ingresos adicionales es escasa. Esto se debe al crecimiento lento y a la bajada de los precios de las materias primas, así como al escaso margen de maniobra para aumentar los impuestos, ya que los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (45 % en el tramo más alto) y del impuesto de sociedades (27 %) de Sudáfrica ya se encuentran entre los más elevados de las economías emergentes. Inicialmente, el presupuesto para 2025-2026 proponía aumentar el IVA del 15 % al 16 %, pero finalmente se descartó debido al fuerte desacuerdo entre el Congreso Nacional Africano (ANC), que presentó la medida para impulsar los ingresos públicos, y la Alianza Democrática (DA) y otros partidos minoritarios, que se opusieron a ella por la falta de consulta pública y la presión que generaría sobre unos hogares ya de por sí en apuros. Como consecuencia, se volvió a redactar el presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto definitivo para 2025-2026 incluye únicamente una única medida fiscal, a saber, un aumento vinculado a la inflación del impuesto general sobre los combustibles, lo cual resulta insuficiente para cubrir el déficit fiscal a medio plazo.

La presión sobre las finanzas públicas se verá ligeramente aliviada por la mejora de la situación financiera de Eskom a partir de 2023. Por ello, se ha modificado la fase final de su paquete de alivio de la deuda. La adquisición por parte del Estado, inicialmente prevista en 70 000 millones de ZAR (3 900 millones de USD), se sustituirá por 40 000 millones de ZAR en 2025-2026 y 10 000 millones de ZAR en 2028-2029, lo que permitirá un ahorro de 20 000 millones de ZAR (1.12 mil millones de dólares). Aunque la trayectoria de la deuda soberana suscita cierta preocupación, ya que los costes del servicio de la deuda superan el crecimiento económico, el riesgo de sobreendeudamiento sigue siendo moderado en esta fase. La deuda de Sudáfrica es esencialmente interna (casi el 80 %), está denominada en rands y tiene vencimientos prolongados, lo que la hace menos vulnerable a las perturbaciones externas. Esto hace que el mercado interno sea más vulnerable a la deuda soberana, pero Sudáfrica sigue pudiendo contar con un sector bancario y financiero amplio, bien capitalizado y regulado con prudencia.

La posición exterior seguirá deteriorándose

El déficit por cuenta corriente seguirá ampliándose en 2026, debido principalmente a un menor superávit comercial, aunque se espera que los demás componentes se mantengan relativamente estables. Las exportaciones se debilitarán como consecuencia de la caída de los precios de las materias primas y de los posibles efectos de los aranceles estadounidenses, mientras que las importaciones aumentarán debido al fortalecimiento de la demanda interna. Aunque se prevé que los ingresos por turismo se mantengan sólidos, el déficit de servicios seguirá viéndose impulsado por los costes de transporte (principalmente el de mercancías). El déficit de rentas primarias, que es el principal factor que contribuye al déficit por cuenta corriente, seguirá siendo elevado debido a la repatriación de dividendos por parte de empresas extranjeras y al pago de intereses de la deuda privada. La balanza de rentas secundarias también seguirá registrando un déficit debido a la salida de remesas de trabajadores expatriados hacia países vecinos. Dada la considerable envergadura de los mercados de renta variable y de deuda de Sudáfrica, la financiación del déficit por cuenta corriente depende principalmente de los flujos de capital extranjero, que seguirán siendo volátiles en un entorno económico mundial altamente incierto, especialmente en lo que respecta a las inversiones de cartera. No obstante, una posible exclusión de Sudáfrica de la lista gris del GAFI en 2026, gracias a los avances logrados en el plan de acción, podría favorecer las entradas de capital a medio plazo. Tras un notable aumento en 2022-2023, la inversión extranjera directa (IED) ha vuelto a niveles más bajos, pero aún podría beneficiarse de las reformas en curso, por ejemplo, en el transporte o las energías renovables (solar, eólica, baterías). En general, esto significa que el rand, que es totalmente flexible y especulativo, seguirá siendo débil y volátil. Las reservas de divisas deberían mantenerse adecuadas, cubriendo alrededor de cinco meses de importaciones.

Un camino difícil por delante para el Gobierno de Unidad Nacional

El panorama político de Sudáfrica cambió de forma decisiva tras las elecciones generales de mayo de 2024. Como heredero de la victoria sobre el apartheid, el Congreso Nacional Africano (ANC) sigue siendo la fuerza política dominante, pero su popularidad había ido disminuyendo de forma constante en los últimos años. La confianza de los votantes se había visto mermada por los niveles récord de cortes de suministro eléctrico, las infraestructuras deterioradas, la mala gestión de las redes de distribución de agua, los altos niveles de corrupción y los nombramientos por favoritismo. El descontento por la mala gobernanza se vio agravado por un contexto social tenso, marcado por un desempleo estructuralmente elevado, la pobreza, la desigualdad y la delincuencia. Como resultado, el ANC perdió su mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones generales de mayo de 2024 por primera vez desde el fin del apartheid en 1994. Obtuvo el 40,2 % de los votos en 2024, lo que le valió 159 escaños de los 400 de la Asamblea Nacional, frente a los 230 de 2019. Sin embargo, el presidente Cyril Ramaphosa logró su reelección por parte del Parlamento al formar un gobierno de coalición, el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), con la Alianza Democrática (centro), el Partido de la Libertad Inkatha (derecha) y la conservadora Alianza Patriótica. Los mercados reaccionaron positivamente al resultado, ya que se espera que esta coalición centrista se centre en reformas económicas para estimular el crecimiento y mejorar la gobernanza, especialmente a nivel local. Sin embargo, la confianza en el GNU ha ido disminuyendo, debido principalmente a los retos políticos y a las luchas internas entre el ANC y la DA en temas clave, como la votación del presupuesto. Además, en julio de 2025, un escándalo policial en el que altos cargos (incluidos miembros del gabinete) fueron acusados de sabotear las investigaciones sobre asesinatos políticos obligó a Ramaphosa a suspender al ministro de Policía y a ordenar que una comisión investigara el asunto, lo que aumentó aún más la fragilidad dentro de la coalición de gobierno. Por lo tanto, la capacidad del GNU para sobrevivir hasta el final de su mandato dependerá de su capacidad para llevar a cabo reformas clave, así como de una mayor cooperación y disposición al compromiso por parte del ANC y la DA, algo que, en estos momentos, no está garantizado.

En el ámbito exterior, el principal motivo de preocupación son las relaciones diplomáticas con EE. UU., que siguen siendo muy tensas. La actual Administración estadounidense ha ido aumentando la presión sobre Sudáfrica debido a varios factores. En primer lugar, la ayuda a Sudáfrica (excepto el PEPFAR, el programa global de EE. UU. para luchar contra el VIH/sida) se suspendió tras las denuncias de discriminación contra la minoría afrikáner blanca, en particular los agricultores. En segundo lugar, ambos países han mantenido posiciones divergentes respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania (Sudáfrica siempre ha mantenido una postura neutral) y al conflicto en Gaza (Sudáfrica presentó ante la CIJ una demanda por genocidio contra Israel). En tercer lugar, la proximidad de Sudáfrica con Rusia y China, especialmente en el ámbito militar, sigue siendo un punto de fricción. En consecuencia, a pesar de la voluntad de Sudáfrica de aliviar las tensiones y negociar aranceles más favorables, la postura de la Administración estadounidense sobre estas cuestiones complicará cualquier intento de alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Pagos

Las transferencias electrónicas de fondos (ETF), incluidos los pagos SWIFT y las transferencias internacionales, se utilizan para los pagos en divisas extranjeras. Los cheques se utilizan muy poco, están obsoletos, su tramitación es costosa y son vulnerables al fraude. Los pagos con cheque también están sujetos a un plazo de compensación de 10 días laborables. La mayoría de las empresas ya no los utilizan. Los pagos en efectivo siguen realizándose, pero presentan las mismas desventajas. Las cartas de crédito se emiten entre bancos y sirven como garantía de los pagos realizados a una persona determinada en condiciones específicas, incluidas las importaciones y las exportaciones. En la mayoría de los casos, se emiten créditos irrevocables y créditos irrevocables confirmados. Los términos y condiciones pueden resultar onerosos y deben entenderse plenamente antes de aceptar estas cartas de crédito. En ocasiones, las partes pueden garantizar el pago contra entrega mediante una garantía bancaria. El dinero se ingresa en una cuenta bancaria y, a su vez, el banco emite una garantía de pago una vez confirmada la entrega. Este tipo de pago se utiliza principalmente en asuntos relacionados con la transferencia de propiedades.

Cobro de deudas

Fase amistosa

La Ley Nacional de Crédito establece que el acreedor debe intentar ponerse en contacto con el deudor mediante una llamada telefónica antes de emitir una carta de requerimiento formal (en la que se detalle la obligación pendiente y que se envíe por correo electrónico, correo certificado o se entregue en mano). Una vez hecho esto, las partes intentan negociar un acuerdo en un plazo razonable. Dado que los acreedores no están obligados a aceptar el pago a plazos, pueden optar por emprender acciones legales para garantizar el pago íntegro en un único pago. Esta fase resulta mucho menos costosa que emprender acciones legales de inmediato. Además, proporciona una visión más clara a la hora de prepararse para la fase de litigio. Dependiendo de la naturaleza y el importe de la reclamación en cuestión, a veces es posible saltarse esta fase y pasar directamente al litigio.

Procedimientos judiciales

La administración de justicia y la aplicación de la ley en Sudáfrica corren a cargo de los tribunales civiles y penales. Los tribunales ordinarios son los juzgados de paz de distrito y regionales, las divisiones provinciales del Tribunal Superior y el Tribunal Supremo de Apelación. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia en materia constitucional. Se han creado tribunales especializados para diversos ámbitos jurídicos, entre ellos los tribunales laborales, el Tribunal de Reclamaciones de Tierras, los tribunales especiales del impuesto sobre la renta y el Tribunal Electoral.

La decisión de presentar la demanda ante un tribunal de primera instancia o ante el Tribunal Superior dependerá del tipo y del valor de la reclamación. Las resoluciones de los tribunales de primera instancia pueden someterse a revisión o ser objeto de recurso de apelación ante los tribunales superiores. Algunos tipos de asuntos solo pueden ser tramitados por el Tribunal Superior, independientemente de la cuantía de la demanda. Como norma general, un tribunal ejercerá su competencia si el demandado reside o tiene su domicilio en la zona de competencia del tribunal, o si la causa de la acción surgió en dicha zona.

Los procedimientos ante los Juzgados de Paz y los Tribunales Regionales suelen consistir en un proceso de juicio (acción). Los procedimientos de moción (mediante declaración jurada) se limitan únicamente a determinados casos. El Tribunal Superior puede celebrar tanto procedimientos de juicio (acción) como de moción (solicitud). En los procedimientos de acción, el proceso comienza con una citación y concluye con la fase de juicio, en la que los testigos prestan declaración. En los procedimientos de solicitud (moción), el asunto se resolverá basándose únicamente en documentos escritos y, por regla general, no se admiten pruebas orales. Las pruebas se exponen en declaraciones juradas y no pueden ser rebatidas mediante contrainterrogatorio. Aunque los procedimientos de moción solían ser, en general, más rápidos y económicos que las acciones judiciales, actualmente las solicitudes pueden llegar a costar más que los procedimientos de acción. Cuando el tribunal se enfrenta a una solicitud en la que es evidente que existe una controversia sustancial sobre los hechos entre las partes, remitirá el asunto a juicio.

La alternativa a los procedimientos judiciales es someter la controversia o la reclamación a arbitraje, aunque pocas partes están dispuestas a asumir los costes que ello conlleva. El arbitraje puede ser más rápido que los procesos judiciales y los costes del procedimiento se reparten a partes iguales entre las partes. Las controversias o las resoluciones dictadas en la audiencia de arbitraje pueden revisarse mediante una solicitud ante el tribunal. Los laudos arbitrales pueden convertirse en una resolución judicial mediante solicitud, a efectos de su ejecución.

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Ejecución de una resolución judicial

El Tribunal Superior se ocupa ampliamente de la ejecución sobre bienes, ya sean muebles o inmuebles. El reglamento del Tribunal prevé el embargo y la venta de bienes con el fin de satisfacer la sentencia dictada sobre la deuda.

Las sentencias extranjeras se ejecutan en Sudáfrica mediante procedimientos de sentencia provisional. No son directamente ejecutables. Los tribunales que dictaron la sentencia deben haber tenido la competencia necesaria para conocer del asunto, de acuerdo con los principios reconocidos por la legislación sudafricana sobre la competencia de los tribunales extranjeros.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON LOS ACREEDORES

Un acuerdo con los acreedores puede iniciarse mediante un acuerdo del consejo de administración o por orden de un liquidador. Estos pueden proponer un acuerdo a todos los acreedores o a una categoría específica de acreedores, y deben notificar la propuesta a la Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual (CIPC). Se nombra a un administrador judicial para supervisar el proceso. La propuesta debe ser aprobada por una mayoría de al menos el 75 %, en valor, de los acreedores pertinentes o de los representantes presentes en la reunión. Si se acepta la propuesta, puede presentarse ante el tribunal para su confirmación. Una vez confirmada, la empresa debe presentar la resolución ante la CIPC en un plazo de cinco días.

RESCATE EMPRESARIAL

El objetivo de un rescate empresarial es permitir que las empresas en dificultades financieras se reestructuren y reorganicen, con el fin de evitar la insolvencia. El rescate empresarial se inicia mediante un acuerdo del consejo de administración de la empresa, adoptado por mayoría simple. La supervisión y el control corren a cargo de un administrador de rescate empresarial, designado por la empresa y autorizado por la CIPC. El proceso concluye cuando: el tribunal anula la resolución o el auto que inició el procedimiento; el tribunal convierte el rescate empresarial en un procedimiento de liquidación; el profesional presenta una notificación de finalización del procedimiento de rescate empresarial; se rechaza el plan de rescate empresarial; o se aprueba el plan de rescate empresarial y se presenta una notificación de ejecución sustancial.

LIQUIDACIÓN

El procedimiento de liquidación de una sociedad se inicia mediante una orden judicial a petición de cualquier persona y por los motivos establecidos en la Ley de Sociedades de 2008, una solicitud de liquidación voluntaria o una solicitud de liquidación presentada ante el tribunal por los accionistas, los acreedores o la propia sociedad (cuando esta se encuentra en situación de insolvencia). Se nombra a un liquidador para liquidar la sociedad. El liquidador recoge todos los activos y créditos que le corresponden a la sociedad, los vende y distribuye el producto de la venta entre los acreedores. Es imprescindible que el acreedor presente su reclamación ante el liquidador, independientemente de que cuente con una sentencia o una resolución judicial. Una vez distribuidos todos los ingresos, el liquidador presenta sus cuentas finales de liquidación y distribución y efectúa los pagos que en ellas se establecen. A continuación, el liquidador comunica al Master del Tribunal Superior que la administración de la masa patrimonial ha concluido.

Última actualización: julio de 2025