Turquía

Política monetaria restrictiva, crecimiento moderado, menor inflación

Junto con la aceleración del proceso desinflacionista, la economía turca se encamina hacia una trayectoria de crecimiento más lento, pero más equilibrado. Este año y hasta 2026, la contribución del consumo privado (aproximadamente el 55 % del PIB) al crecimiento seguirá siendo limitada debido a una política monetaria restrictiva a largo plazo. Se espera que el banco central comience a recortar gradualmente su tipo de interés de las operaciones de recompra a una semana (46 %) en julio de 2025 para alcanzar el 30 % a mediados de 2026, en consonancia con la desinflación. La inflación seguirá ejerciendo presión sobre los presupuestos de los hogares, especialmente entre las personas de los tramos de renta baja y media. En consecuencia, la contribución del consumo privado al crecimiento dependerá principalmente del grupo de rentas más altas. Por parte del Estado, la política fiscal más restrictiva, que implica recortes en el gasto (excluida la reconstrucción tras los dos terremotos de 2023), reducirá la contribución del sector público al crecimiento (aproximadamente el 12 % del PIB). Se prevé que la inversión privada (aproximadamente el 10 % del PIB), también debilitada por los elevados costes financieros, muestre una mejora gradual a partir del segundo semestre de 2025. Las exportaciones netas seguirán lastrando el crecimiento, aunque en menor medida, gracias principalmente a la bajada de los precios mundiales de la energía, a la restricción de las importaciones de oro y al aumento de los ingresos por turismo en 2026 (estimados en 70 000 millones de dólares, un 8 % más que en 2025). El comportamiento de las exportaciones de bienes se verá influido por la recuperación de la demanda de la UE, especialmente en Alemania, y por la evolución de la economía estadounidense. Si estos factores resultaran positivos en 2026, podrían desencadenar una recuperación de la producción industrial, que creció un escaso 1,3 % interanual en el periodo de enero a abril de 2025. Las exportaciones de la industria de defensa turca y del software tecnológico relacionado mejorarán sin duda su reciente perfil de alto crecimiento.

La lira turca seguirá apreciándose en términos reales en 2026, aunque a un ritmo más lento, lo que respaldará el proceso de desinflación. Se prevé que la inflación anual siga descendiendo hasta situarse cerca del 26 % a finales de año. Dicho esto, se mantendrá significativamente por encima de la previsión del banco central, que es del 12 %. Salvo que se produzca una perturbación inesperada del tipo de cambio, esto debería impulsar la desinflación al frenar el aumento de los precios de los bienes básicos importados. La ruptura de la inercia de los precios en los servicios y la mejora de las expectativas de inflación respaldarán esta tendencia.

Reducción del déficit exterior y continuación de la consolidación fiscal

El desequilibrio en la balanza de rentas, debido a la repatriación de ingresos por parte de los inversores extranjeros, y el superávit en la balanza de servicios se mantendrán en 2026. La reducción del déficit comercial volverá a reducir el déficit por cuenta corriente como porcentaje del PIB. Se espera que los ingresos por turismo y transporte se encuentren entre los factores que más contribuyan al superávit de servicios. Los precios mundiales de la energía, relativamente bajos, favorecerán una disminución de la factura de las importaciones, mientras que el ritmo de crecimiento de las exportaciones dependerá principalmente de la recuperación de las economías europeas. En este contexto persisten dos factores de riesgo. En primer lugar, una posible disminución de los volúmenes del comercio mundial provocada por la impredecible política arancelaria de la Administración Trump podría debilitar la demanda de productos de exportación turcos. En segundo lugar, los acontecimientos geopolíticos regionales podrían forzar el cierre de rutas de transporte clave, lo que podría provocar un aumento de los precios de importación de las materias primas. El cierre de las principales rutas de tránsito (por ejemplo, el estrecho de Ormuz), por no hablar de los daños causados a las instalaciones de producción de petróleo, aumentaría drásticamente los precios de la energía.

En junio de 2025, las reservas internacionales brutas del banco central ascendían a 156 000 millones de dólares (lo que representa alrededor del 85 % del saldo de la deuda externa a corto plazo, o algo más de la mitad en oro), frente a los 98 500 millones de dólares de mayo de 2023. En 2024 y 2025, la moderación de la demanda interna provocada por el límite mensual oficial al crecimiento del crédito (entre el 1,5 % y el 2 %) ha contribuido a reducir el déficit por cuenta corriente y ha incrementado las reservas internacionales del banco central. El crecimiento de las reservas provocó una disminución de la prima de riesgo: el CDS en USD a 5 años cayó a 285 puntos en junio de 2025, frente a los 888 puntos de julio de 2022. Esto ha mejorado la capacidad del país para atraer entradas de capital extranjero. Sin embargo, la dependencia de las entradas de capital a corto plazo para respaldar el aumento de las reservas supone un reto para el banco central a la hora de mantener la estabilidad de la lira turca ante posibles presiones externas e internas.

La consolidación fiscal seguirá impulsándose mediante la reducción del gasto, principalmente en lo que se refiere a los gastos discrecionales (es decir, gastos operativos, apoyo a proyectos locales, etc.). La moderación de la inflación facilitará una desaceleración del crecimiento de los gastos de personal, que constituyen el 30 % del total. Sin embargo, se prevé que los pagos de intereses, que aumentaron un 75 % entre enero y mayo de 2025 con respecto al nivel del año anterior, se mantengan elevados. A raíz del aumento de la inflación y del endurecimiento de la política monetaria, el coste medio del endeudamiento interno ascendió al 47 % en mayo de 2025, frente al 35 % registrado en mayo de 2024.

Las tensiones geopolíticas regionales marcarán la política exterior

Turquía cuenta con un sistema presidencialista que se aprobó mediante referéndum en 2017. Los poderes y funciones ejecutivos son ejercidos y desempeñados por el presidente. Las elecciones generales de 2023 las ganaron el presidente Recep Tayyip Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti). Se prevé que el panorama político interno se mantenga relativamente estable.

La política exterior de Turquía se ha visto impulsada principalmente por consideraciones económicas en los últimos años. Se prevé que las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, desempeñen un papel más significativo a partir de 2025. Se espera que el país actúe con cautela para evitar verse arrastrado a los conflictos. Aunque no está implicada en el conflicto entre Irán, Israel y EE. UU., Turquía se enfrenta, no obstante, a riesgos significativos. Si bien Ankara mantiene vínculos diplomáticos y comerciales con Teherán, un conflicto de mayor envergadura podría desestabilizar las fronteras del sureste de Turquía, debido a la presencia de grupos respaldados por Irán en Irak y Siria. Turquía también podría tener que hacer frente de nuevo a flujos de refugiados procedentes de países vecinos. Turquía seguirá desempeñando un papel fundamental como mediador diplomático, como ocurre con las conversaciones en curso entre Etiopía y Somalia, y con las negociaciones entre Ucrania y Rusia.

Turquía ha ampliado su presencia en África, invirtiendo en infraestructuras, energía y telecomunicaciones. Ha establecido sólidos lazos económicos con las naciones africanas, posicionándose como un socio crucial: el comercio entre África y Turquía pasó de 5 000 millones de dólares en 2003 a 33 000 millones de dólares en 2024. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, busca mantener un cierto grado de autonomía estratégica, como se ha visto en Siria, Libia y el Cáucaso. Su relación con la UE sigue siendo compleja —sobre la mesa están las negociaciones de adhesión congeladas, la cuestión de Chipre y las tensiones con Grecia—, aunque ambas partes siguen unidas por sus intereses comunes.

Pago

Los instrumentos de pago a crédito tradicionales siguen siendo de uso común en el mercado nacional turco, ya que a menudo sirven como instrumentos negociables. Este es el caso de los pagarés, una solución que utilizan habitualmente las pymes para las transacciones comerciales. Del mismo modo, los cheques posfechados sirven tanto como título de pago como instrumento de crédito. Los cheques circulan en el mercado nacional como títulos negociables hasta su fecha de vencimiento. Una enmienda, que entró en vigor el 15 de julio de 2016, impone una multa punitiva a la persona responsable de un «cheque sin fondos». Si no se abona la multa, la medida punitiva puede transformarse en una pena de prisión de hasta 1.500 días. En tales casos, no se lleva a cabo ni la liquidación ni el pago anticipado. Además, al librador de un cheque sin fondos se le prohíbe posteriormente librar cheques o abrir cuentas de cheques. La prohibición se levantará tras el pago del importe del cheque o transcurridos diez años desde la resolución judicial. Aunque ahora se exige a los bancos que ejerzan una mayor vigilancia en lo que respecta a los perfiles de sus clientes, la ley relativa a los cheques, que entró en vigor en diciembre de 2009, prevé importantes sanciones económicas que debe abonar el librador del cheque en caso de impago.

La red electrónica SWIFT está bien implantada en los círculos bancarios turcos y constituye el instrumento más utilizado para los pagos internacionales.

Cobro de deudas

FASE AMISTOSA

Los procedimientos amistosos, que implican el envío de un requerimiento formal de pago, seguido de repetidas llamadas telefónicas, siguen siendo un método relativamente eficaz. Las visitas in situ también pueden allanar el camino para restablecer la comunicación entre proveedores y clientes, lo que aumenta las posibilidades de llevar a buen término las negociaciones. El Código de Procedimiento Civil establece expresamente que el juez puede, en cualquier momento del proceso judicial, fomentar la resolución amistosa del litigio, siempre que esta se derive de una voluntad real de las partes de alcanzar un acuerdo extrajudicial mediante una transacción negociada.

La Ley de Mediación en Conflictos Civiles estipula que la mediación se aplicará únicamente en la resolución de conflictos de derecho privado derivados de actos o transacciones de las partes interesadas que tengan capacidad para resolver dichos conflictos. Las partes son libres de recurrir a un mediador en cualquier momento, con el fin de continuar, finalizar o abandonar el proceso.

En función de la solvencia del deudor, las condiciones del acuerdo pueden ir desde el pago íntegro hasta el pago a plazos, pasando por un pago parcial como liquidación definitiva. A falta de un acuerdo voluntario, la amenaza de una solicitud de quiebra (iflâs) es una táctica que se emplea con frecuencia para obtener una respuesta del deudor e incitarle a pagar los atrasos.

Procedimientos judiciales

Procedimiento de ejecución de deudas: a través de un organismo administrativo

 Los instrumentos negociables, como las letras de cambio, los pagarés y los cheques, permiten a los acreedores (sin necesidad de obtener una resolución previa) dirigirse directamente a la oficina de ejecución (Icra Dairesi) para que se notifique al deudor una orden de pago. A continuación, si es necesario, pueden proceder al embargo de los bienes del deudor. El embargo es un proceso que comienza con la presentación de una orden de pago, que posteriormente se notifica al deudor. Si no hay objeciones a la orden, se liquidan los bienes del deudor para cubrir las reclamaciones. Si el deudor no acepta la orden, tiene la posibilidad de solicitar que el acreedor demuestre la reclamación ante un tribunal. El deudor dispone de diez días para saldar los atrasos en cuestión, o de cinco días para acudir al tribunal de ejecución y oponerse al pago alegando, por ejemplo, que la firma que figura en el documento no es la suya o que la deuda ya no existe.

Si el acreedor decide notificar al deudor un requerimiento de pago a pesar de no disponer de títulos negociables, como letras de cambio, pagarés y cheques, el deudor puede oponerse al requerimiento de pago en un plazo de 7 días tras su recepción. Esta oposición suspende el procedimiento de ejecución hasta que el acreedor presente y gane una demanda de anulación de la oposición relativa a su reclamación. Con la normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2019, el recurso al mediador pasó a ser un requisito previo para los casos que se interponen contra reclamaciones de pago de una determinada cantidad de dinero y de indemnización. Por lo tanto, para que el acreedor pueda interponer la demanda de anulación de la oposición y reanudar el proceso de ejecución, primero debe acudir al mediador.

Si la oposición se considera abusiva, el deudor se expone a sanciones elevadas.

Procedimiento contencioso: examinado por el tribunal

Si fracasan los procedimientos extrajudiciales para el cobro de la deuda al socio o proveedor, se puede interponer una demanda contra el deudor ante los tribunales mercantiles. El tribunal mercantil (asliye ticaret mahkemeleri), que es una sala especializada del tribunal de primera instancia, es competente para conocer de los litigios mercantiles y de los procedimientos de insolvencia. En los casos en que se impugne la validez de la reclamación, el único recurso es iniciar un procedimiento ordinario, mediante citación, para comparecer ante el tribunal.

Si Turquía no ha firmado un tratado bilateral o un tratado de reciprocidad con el país del demandante, este está obligado a depositar una fianza (judicatum solvi) ante el tribunal local competente. Este importe representa aproximadamente el 15 % de la reclamación. Lo mismo se aplica a los demandantes turcos que no tengan residencia permanente en Turquía. Al término del procedimiento judicial, el tribunal devuelve la fianza al acreedor.

El demandante también está obligado a abonar una cuarta parte de las costas judiciales, que son proporcionales al importe de la demanda, al inicio del procedimiento. Además, deben presentarse ante el tribunal documentos notariales.

El procedimiento ordinario se articula en tres fases. La primera consiste en la presentación de los escritos de cada parte (demanda y contestación a la demanda). En la segunda fase, más prolongada, el tribunal instruye el caso y examina la pertinencia de las pruebas presentadas, para determinar si se trata de pruebas concluyentes o discrecionales. Por último, en la vista principal, que constituye la tercera fase, el tribunal oye a ambas partes y a sus abogados antes de dictar sentencia.

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Ejecución de una resolución judicial

Cualquier resolución judicial puede ejecutarse a través de las oficinas o los funcionarios de ejecución y quiebras, si la persona contra la que se ha dictado la resolución no la cumple voluntariamente en el plazo establecido. La ejecución varía ligeramente en función del tipo de deuda, pero, en general, se asemeja al procedimiento de ejecución de deudas. Sin embargo, a diferencia de este último, la oposición a la ejecución de una resolución judicial constituye una situación excepcional.

Procedimientos de insolvencia

ACUERDO DE CONCORDATO

El deudor sujeto a quiebra puede presentar una propuesta de acuerdo de concurso de acreedores (konkordato projesi). Si el tribunal mercantil considera que la propuesta es viable, impone una moratoria y nombra a un comisario de concurso (konkordato komiseri) para examinar la situación del deudor. La forma más habitual de propuesta es el reembolso total o parcial a lo largo de un período de tiempo. No obstante, una propuesta también puede consistir en la cesión de la totalidad o parte de los activos del deudor para satisfacer los créditos de los acreedores. Si la propuesta no se aprueba, podrá dictarse una resolución de quiebra.

REORGANIZACIÓN

El deudor destinará parte o la totalidad de sus activos a sus acreedores, propondrá que dichos activos se vendan (o se cedan a terceros) y que el producto de la venta se distribuya entre los acreedores. Un deudor que desee reestructurarse (o un acreedor con derecho a iniciar un procedimiento de quiebra) podrá presentar ante el tribunal de ejecución competente un proyecto de reorganización. Si el tribunal de ejecución determina que el proyecto tiene posibilidades de éxito, ordenará la celebración de una junta de acreedores para que estos decidan si aceptan el proyecto de reorganización. Si se aprueba, el proyecto se someterá al tribunal para su aprobación. Si el tribunal determina que la reorganización será más lucrativa que la quiebra, aprobará el proyecto.

REESTRUCTURACIÓN

Una empresa deudora que se enfrente a dificultades financieras o a un riesgo inminente de insolvencia tiene derecho a solicitar al tribunal mercantil la aprobación de un proyecto de reestructuración previamente aprobado por el quórum requerido de acreedores afectados por el mismo (acreedores perjudicados).

Las nuevas disposiciones del Código de Ejecución y Quiebras (EBC) animan al deudor y a sus acreedores a alcanzar un acuerdo voluntario para sanear la empresa en dificultades, pero aún viable. El contenido de la propuesta entrará en vigor tras su aceptación por parte de los acreedores y la aprobación del tribunal. No obstante, los acreedores tienen derecho a solicitar al tribunal medidas de protección si el deudor incumple las obligaciones que le incumben en virtud del plan. El tribunal tiene derecho a declarar la quiebra del deudor en caso de incumplimiento. La reestructuración solo es aplicable a empresas y cooperativas, con la excepción de los bancos y las compañías de seguros.

QUIEBRA

Quiebra ordinaria

El acreedor inicia este tipo de procedimiento solicitando a la oficina de ejecución que notifique al deudor una orden de pago de una deuda vencida. El deudor dispone de siete días a partir de la notificación para impugnar la deuda o pagarla. Si el deudor no paga ni impugna la deuda, el acreedor puede solicitar al tribunal mercantil una resolución de quiebra, que el tribunal suele conceder.

Última actualización: junio de 2025