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TurquíaEconomía dependiente del sector portuario y de Etiopía
Se prevé que el crecimiento se mantenga sólido, impulsado en gran medida por el dinamismo de las actividades portuarias y logísticas, que representan casi el 70 % del PIB. El transbordo sigue siendo un motor clave, estimulado por las inspecciones obligatorias de la carga con destino a Yemen y por el desvío de las rutas marítimas tras los ataques hutíes en el mar Rojo, que interrumpieron el tráfico hacia el canal de Suez. Esta tendencia se ve respaldada principalmente por la creciente demanda procedente de Etiopía, ya que más del 90 % del comercio de este país pasa por los puertos de Yibuti. Sin embargo, tras alcanzar su punto álgido en 2024, el tráfico portuario disminuyó en 2025 (-7 % en el primer trimestre y -10,5 % a mediados de año) debido al efecto combinado de los cambios en los aranceles estadounidenses, las tensiones regionales y la incertidumbre sobre el comercio mundial. Para impulsar el crecimiento, el país se está centrando en proyectos estructurales incluidos en la «Visión 2035», liderados por el sector privado. Entre las principales iniciativas se encuentra la ampliación de la Zona de Libre Comercio de Damerjog (DDID-FTZ) entre 2018 y 2033, que incluye la construcción de una refinería de petróleo financiada por Arabia Saudí y la ampliación de las terminales portuarias.
La economía sigue centrada en gran medida en los servicios (el 85 % del PIB en 2024), seguidos de la industria (el 14 %, que incluye la generación de electricidad, el tratamiento de aguas residuales, la desalinización de agua de mar y la extracción de sal del lago Assal). La agricultura, por su parte, tiene un peso marginal (1 %) en este país tan árido. Sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el agua y la electricidad están dominados por empresas públicas monopolísticas, que aportan alrededor del 20 % del PIB, lo que limita la competencia y dificulta la diversificación económica. El clima empresarial sigue siendo frágil a pesar de los esfuerzos por modernizarse: la liquidación, en abril de 2025, del Fondo Soberano de Yibuti (FSD), creado en 2020 para atraer financiación, ilustra estas dificultades, que se ven agravadas por las acusaciones de corrupción, los riesgos de expropiación (rescisión del contrato de concesión de la terminal de contenedores con DP World en 2018) y una deuda insostenible. Fuera del ámbito del transporte y la logística, las oportunidades de inversión privada siguen siendo limitadas, lo que aumenta la dependencia del sector portuario. La inversión extranjera directa (IED) sigue siendo baja (2,2 % del PIB en 2025), a pesar de los proyectos de infraestructura y las zonas de libre comercio. En el ámbito social, el crecimiento sigue siendo en gran medida excluyente: los proyectos intensivos en capital han generado pocos puestos de trabajo, lo que mantiene el desempleo en niveles elevados (25,9 % en 2024, lo que afecta a más del 70 % de los jóvenes). Menos de un tercio de la población activa tiene un empleo formal. La pobreza es generalizada: el 42 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza en 2024, a pesar de que el país cuenta con uno de los niveles más altos de ayuda oficial al desarrollo per cápita de la región.
La inflación sigue siendo baja gracias a la paridad fija del franco yibutiano (DJF) con el dólar estadounidense, lo que garantiza la estabilidad monetaria, y al mantenimiento de los precios regulados del combustible, el transporte y determinados servicios públicos. Las autoridades también han congelado los precios de la electricidad y los alimentos para limitar el impacto de las tensiones en el Mar Rojo sobre los costes de importación. El descenso de los precios mundiales del petróleo y los alimentos también contribuye a contener las presiones inflacionistas.
La estabilidad fiscal se ve amenazada por la deuda externa y las perturbaciones comerciales
El país podría registrar un ligero superávit presupuestario en 2025, rompiendo con años de déficits, gracias a una mayor disciplina en el gasto y a una mejor movilización de ingresos, en particular mediante la disolución del fondo soberano y el aumento de los ingresos procedentes de los arrendamientos de bases militares. Esta mejora forma parte de una serie de reformas destinadas a modernizar la administración tributaria (digitalización, ampliación de la base impositiva) y a racionalizar el gasto, con una reducción gradual de las subvenciones en favor de transferencias sociales mejor orientadas. Sin embargo, la estructura de los ingresos sigue siendo frágil: la proporción de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB sigue siendo baja debido a las exenciones concedidas a las zonas francas, las actividades portuarias y las bases militares, además de la evasión fiscal. Las empresas estatales, aunque contribuyen de manera significativa al PIB, suponen una carga para las finanzas públicas sin generar ingresos significativos, lo que justifica las reformas en curso para mejorar su transparencia y reducir las subvenciones. En 2026, el saldo presupuestario podría volver a ser deficitario como consecuencia de las inversiones relacionadas con la ampliación portuaria y los proyectos de energías renovables.
La deuda pública es crítica y el FMI la considera insostenible. Es íntegramente externa, y más de la mitad se ha contraído con el Banco de Exportación e Importación de China, un legado de la financiación comercial de infraestructuras hidráulicas y ferroviarias mediante préstamos garantizados por el Estado (14 000 millones de dólares recaudados entre 2012 y 2020). El servicio de la deuda se suspendió en 2022, pero en octubre de 2023 el país logró obtener una moratoria en los reembolsos hasta 2027. Esto ofrece un respiro temporal, pero no resuelve las vulnerabilidades estructurales. Continúan las conversaciones para revisar los tipos de interés y los plazos de vencimiento, mientras que se están llevando a cabo negociaciones similares con otros acreedores oficiales, entre ellos la India y otros acreedores bilaterales.
Se prevé que el ligero superávit por cuenta corriente se mantenga en 2026. El déficit comercial (13 % del PIB en 2024, excluyendo los movimientos relacionados con la reexportación) seguirá estando ligado a las importaciones de equipos para proyectos portuarios y energéticos. Las actividades portuarias y logísticas, gracias a la ampliación de la zona franca DDID-FTZ, mantendrán el superávit de servicios (10 %). Sin embargo, una distensión de las tensiones en el Mar Rojo, que inicialmente había impulsado las actividades de transbordo, podría lastrar los volúmenes si aumenta el tráfico por el Canal de Suez. El superávit de la cuenta de rentas primarias será significativo (3 %), impulsado por los alquileres de las bases militares extranjeras y la renegociación del contrato de arrendamiento con Francia en 2024. Además, las subvenciones extranjeras para proyectos representan el 0,7 % del PIB. A pesar del ligero superávit por cuenta corriente, la posición exterior sigue siendo frágil: las reservas de divisas cubren aproximadamente tres meses de importaciones (excluidas las destinadas a la reexportación) en 2025, un umbral preocupante dada la deuda externa y el fin previsto de la moratoria china.
Consolidación del poder en un panorama regional inestable
En octubre de 2025, el Gobierno introdujo una importante enmienda constitucional que eliminó el límite de edad de 75 años para los candidatos a la presidencia, lo que permitió a Ismaïl Omar Guelleh, de 77 años, presentarse a un sexto mandato en 2026. La reforma, aprobada por unanimidad por una Asamblea Nacional dominada por la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP), pone de manifiesto la concentración de poder y la debilidad de las fuerzas de contrapeso. Presentada como una medida de estabilidad en una región inestable, la oposición y las ONG criticaron la medida por considerarla equivalente a una presidencia vitalicia. Guelleh, que lleva en el poder desde 1999, cuenta con el apoyo de la comunidad issa (un subgrupo de mayoría somalí, también asentado en Somalia y Etiopía, que representa el 60 % de la población y tiene influencia en las fuerzas armadas), mientras que la marginación de los afar (también presentes en Etiopía y Eritrea) sigue alimentando las tensiones. En enero de 2025, los ataques con drones contra rebeldes afar cerca de la frontera con Etiopía provocaron críticas internacionales tras las bajas civiles registradas. La presión migratoria está agravando estas tensiones internas: Yibuti acoge a decenas de miles de refugiados procedentes de Eritrea, Etiopía y Somalia, lo que agrava los retos sociales y de seguridad. A pesar de estas vulnerabilidades, el régimen mantiene su estabilidad mediante estrictos controles de seguridad, redes clientelistas y apoyo militar extranjero.
Yibuti se ha consolidado como un actor estratégico en el Cuerno de África gracias a su ubicación en el estrecho de Bab el-Mandeb, fundamental para el comercio mundial. El país alberga bases militares estadounidenses, francesas, chinas y japonesas, lo que genera más de 125 millones de dólares al año y refuerza su papel en materia de seguridad, especialmente a la luz de las tensiones en el mar Rojo derivadas del conflicto entre Israel y Hamás y de los ataques hutíes, así como de la piratería en el golfo de Adén. En el ámbito diplomático, Yibuti sigue siendo un mediador regional activo a través de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Unión Africana, y ha consolidado sus lazos con Etiopía, un socio clave para sus actividades logísticas y portuarias, a pesar de las tensiones suscitadas por el memorándum firmado entre Etiopía y Somalilandia para conceder a Etiopía una base naval, además de una mayor presencia en el puerto de Berbera. Esta cooperación se basa en proyectos de infraestructura como el enlace ferroviario Damerjog-Nagad y la zona de libre comercio DDID-FTZ. Al mismo tiempo, Yibuti está reforzando sus alianzas extrarregionales, en particular con Francia (renovación del tratado de defensa en 2024 por un período de 10 años) y Turquía (acuerdo político sellado en 2025) para garantizar sus intereses económicos y geopolíticos.