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SingapurEl oro y la agricultura impulsan el crecimiento a pesar de la desconfianza y la falta de inversión privada
El crecimiento económico repuntó significativamente en 2025, impulsado por una cosecha agrícola más próspera tras la sequía de 2024 asociada al fenómeno de El Niño, así como por los elevados precios del oro (que representó el 34 % de las exportaciones en 2024). El aumento de las remesas de los expatriados y una fuerte desaceleración de la inflación —respaldada por la estabilización del tipo de cambio y una política monetaria restrictiva— también impulsaron el consumo privado.
En 2026, se prevé que este impulso se debilite ligeramente, como reflejo de la confianza inestable en la senda de retorno a la estabilidad macroeconómica, la acumulación continuada de atrasos internos y las persistentes necesidades financieras del sector público, que están frenando la inversión privada. La deuda insostenible y la retirada de USAID en enero de 2025 limitarán la financiación externa. Estos factores, combinados con la actual escasez de electricidad, limitarán el potencial de crecimiento de Zimbabue, manteniendo a la economía muy por debajo del ambicioso objetivo de crecimiento anual del 7-12 % fijado por las autoridades para alcanzar la categoría de país de renta media-alta en el marco de su estrategia «Visión 2030».
No obstante, el crecimiento seguirá respaldado por el sector minero, impulsado por los precios favorables del oro y los buenos resultados en los sectores del hierro, el acero, el carbón y el cromo, así como por la recuperación de la producción de litio y platino. La agricultura también mantendrá su repunte, respaldada por la política «Estrategia II de Agricultura, Sistemas Alimentarios y Transformación Rural», cuyo objetivo es elevar la producción agrícola a 15 800 millones de dólares para 2030, con un objetivo intermedio de 11 500 millones de dólares en 2026 (frente a los 10 300 millones de dólares de 2025) mediante inversiones en regadío, mecanización e insumos. Al mismo tiempo, la inversión pública se centrará en más de 20 grandes proyectos de infraestructura en 2026, especialmente en el sector viario. La continua desaceleración de la inflación, respaldada por el mantenimiento de una política monetaria restrictiva (el tipo de interés oficial se ha mantenido en el 35 % desde septiembre de 2024), la caída de los precios de la energía y los alimentos, además de las remesas, seguirán impulsando el consumo privado. El banco central podría plantearse recortar los tipos a partir de mediados de 2026, a medida que la inflación se modere. Sin embargo, la eficacia de la política monetaria seguirá viéndose limitada por la escasa confianza en la moneda local (el ZiG, introducido en abril de 2024) y el elevado nivel de dolarización de la economía.
Persisten las presiones presupuestarias, mientras que las reservas de divisas siguen siendo frágiles
Se prevé que el déficit presupuestario aumente ligeramente en 2025 a pesar del incremento de los ingresos, impulsado por una base impositiva más amplia (inclusión de las pymes), la reducción de las exenciones del IVA y la introducción de nuevos impuestos. El gasto también aumentará debido a una elevada masa salarial, que representa alrededor del 56 % del gasto total, y a los elevados costes del servicio de la deuda. En 2026, el déficit podría reducirse ligeramente gracias al aumento de los ingresos, respaldado por una modesta subida del IVA del 15 % al 15,5 %. Debido a la fuerte oposición de los mineros, el Gobierno descartó su propuesta inicial de introducir un canon minero del 10 % para los productores de oro cuando el precio por onza alcanzara o superara los 2 501 dólares estadounidenses. En su lugar, aplicó un marco de cánones progresivo, con un tipo del 10 % que solo se aplica si el precio supera los 5 000 dólares por onza. El gasto se centrará principalmente en educación, sanidad, asistencia social (31,2 % del gasto total) e infraestructuras. A pesar de un déficit fiscal relativamente reducido, las presiones presupuestarias seguirán siendo fuertes: los atrasos en los pagos son significativos (el 51 % de la deuda o el 26 % del PIB en 2024), la elevada inflación seguirá lastrando el gasto y se prevé que la ayuda al desarrollo alcance tan solo 350 millones de dólares en 2026, frente a un objetivo de 500 millones de dólares en 2025. A falta de alternativas, la financiación se basará principalmente en préstamos de bancos locales y de unos pocos socios extranjeros (bancos bilaterales o comerciales, la mayoría de los cuales son chinos), lo que mantiene vivo el riesgo de monetizar el déficit fiscal a pesar de los compromisos oficiales para evitarlo. No obstante, el ratio de deuda debería descender en 2025 y 2026 gracias a la estabilización del tipo de cambio y al fuerte crecimiento del PIB. Dicho esto, el FMI sigue considerando que la deuda pública del país es insostenible.
En el ámbito exterior, se prevé que la balanza por cuenta corriente se mantenga con superávit en 2025, respaldada por el aumento de los precios del oro, el dinamismo del turismo, las exportaciones de tabaco y los fuertes flujos de remesas. Esta tendencia debería prolongarse hasta 2026. Sin embargo, los proyectos de infraestructura aumentarán las importaciones de bienes de capital y servicios, mientras que el acceso limitado a la financiación internacional y la retirada de la USAID lastrarán los ingresos secundarios. Se prevé que las reservas de divisas, vulnerables a las perturbaciones negativas de los precios de las materias primas y a la debilidad de los flujos de ayuda, cubran menos de un mes de importaciones. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno elevó el umbral de retención de las exportaciones en enero de 2025: los exportadores zimbabuenses deben ahora entregar el 30 % (frente al 25 % anterior) de sus ingresos a cambio de moneda local. Sin embargo, el impacto de esta medida será limitado: algunas empresas están reorientando su actividad hacia el mercado nacional para eludir este requisito, mientras que la minería artesanal y a pequeña escala de oro (el 40 % de la producción) está exenta, lo que excluye los ingresos derivados del contrabando.
Divisiones en el seno del partido gobernante en medio del aislamiento internacional
El presidente Emmerson Mnangagwa, que llegó al poder en noviembre de 2017 tras una «transición respaldada por el ejército» que obligó a Robert Mugabe a dimitir tras más de 30 años como jefe de Estado del país, fue reelegido para un segundo mandato en 2023. A principios de 2024, el partido gobernante (ZANU-PF), que había ostentado el poder desde que el país obtuviera la independencia en 1980, ganó las elecciones parlamentarias parciales frente al partido de la oposición, la Coalición Ciudadana por el Cambio, liderada por Nelson Chamisa, consolidando así su mayoría parlamentaria absoluta.
Se prevé que la inestabilidad política persista en 2026, en un contexto de marcado descontento popular con el partido gobernante y una situación económica difícil, marcada por una elevada economía informal, la pobreza persistente, la escasez de divisas y los cortes de electricidad. La capacidad del Gobierno para apoyar la economía y crear empleo sigue viéndose obstaculizada por el acceso restringido a la financiación internacional. Los grupos de la oposición y la ciudadanía organizan regularmente protestas contra el Gobierno, pero estas son reprimidas sistemáticamente. A estos retos se suman las divisiones dentro del ZANU-PF, que se ponen de manifiesto en las tensiones entre Emmerson Mnangagwa y su vicepresidente, Constantino Chiwenga. Chiwenga, que en un principio se consideraba el sucesor de Mnangagwa, ha quedado marginado desde entonces. Mnangagwa pretende ahora presentarse a otro mandato hasta 2030 (momento en el que tendrá 88 años) aplazando las elecciones previstas para 2028 y eliminando el límite constitucional de dos mandatos. Su influencia dentro del partido y su «supermayoría» podrían permitirle modificar la Constitución. Aunque existe el riesgo de un golpe de Estado militar, Mnangagwa ejerce un control significativo al ascender a aliados leales a puestos clave y al realizar regularmente reorganizaciones entre los ministros y altos cargos de seguridad, lo que impide la aparición de bases de poder rivales.
En la escena internacional, Zimbabue sigue bastante aislado. Las relaciones con Occidente son tensas. Aunque la UE ha levantado la congelación de activos de la empresa estatal Zimbabwe Defence Industries (ZDI), el embargo sobre armas y equipos que podrían utilizarse con fines represivos sigue vigente, lo que refleja la preocupación constante por las violaciones de los derechos humanos en el país. A pesar de este contexto, varias empresas europeas están mostrando un interés creciente por la economía de Zimbabue, como lo demuestra el primer Foro Empresarial UE-Zimbabue celebrado en mayo de 2025. Por su parte, Estados Unidos mantiene sanciones contra varios altos cargos, entre ellos el presidente Mnangagwa. Dados los atrasos en los pagos del país, el acceso a la financiación internacional está restringido. En este contexto, China sigue siendo el socio económico y financiero clave, ya que aporta casi toda la inversión extranjera —especialmente en el sector minero— y representa una parte significativa del comercio de Zimbabue, al ser su segundo mayor proveedor y su tercer mayor cliente. Rusia presta apoyo en forma de donaciones de fertilizantes y cereales. Sudáfrica acoge a numerosos migrantes zimbabuenses y sigue siendo un importante socio comercial, ya que es el principal proveedor y el segundo mayor cliente de su país vecino.