Brasil
China
Estados Unidos
Europa
ArgentiaMenor dinamismo del crecimiento en 2025
En 2025, se prevé que el crecimiento del PIB se ralentice debido a una base de comparación elevada, dado que la actividad se recuperó en 2024 de la sequía provocada por el fuerte fenómeno de La Niña de 2023, que afectó al sector energético y a la producción agrícola. Aunque este fenómeno meteorológico volvió a producirse a principios de 2025, fue de corta duración y sus efectos secundarios fueron mucho más leves que hace dos años. En consecuencia, las estimaciones de las cosechas de soja, maíz y arroz apuntan a una buena cosecha en 2025 (al igual que en 2024). Por el contrario, el importante sector cárnico atraviesa un momento difícil debido a varios factores, entre ellos una crisis que afecta a las empresas de inversión ganadera del país y un descenso significativo de los sacrificios. En cuanto al turismo, la recuperación de la actividad en Argentina y la apreciación del peso argentino en términos reales deberían aumentar el número de viajeros a Uruguay, especialmente durante la temporada alta de verano en el primer trimestre de 2025. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares (el 63 % del PIB) debería seguir siendo el principal motor de la actividad, aunque crecerá a un ritmo más lento en un contexto de mayor inflación media y condiciones crediticias más restrictivas. El banco central lleva subiendo los tipos de interés desde diciembre de 2024 (con un aumento de 75 puntos básicos hasta abril de 2025, lo que sitúa el tipo en el 9,25 %). Por su parte, la inversión (16 % del PIB) debería recuperarse en 2025, impulsada por una base de comparación débil (contracción del 7 % en 2024), relacionada con la finalización del Ferrocarril Central en 2023. Sin embargo, el camino hacia la recuperación se verá frenado por unas condiciones de financiación más restrictivas. Dicho esto, también se espera que el consumo público (16 % del PIB) pierda impulso en 2025, antes de recuperarse de nuevo en 2026, cuando es probable que el presidente Yamandú Orsi aumente el gasto social durante su primer año completo en el cargo.
Además, las exportaciones netas deberían contribuir negativamente al crecimiento en 2025. Cabe destacar que las exportaciones de Uruguay a EE. UU. equivalen al 1,8 % del PIB, lo que hace que la vulnerabilidad del país ante la política comercial proteccionista de la Administración Trump sea relativamente baja. Además, EE. UU. impuso un arancel base relativamente bajo a las importaciones procedentes de Uruguay (10 %) a partir del 5 de abril de 2025. A nivel sectorial, la mayor parte de las ventas a EE. UU. corresponde a la carne de vacuno (que representó el 61 % del total de las exportaciones al país en 2024 y el 26 % de las ventas externas totales del sector), que ya estaba sujeta a un contingente de 20 000 toneladas (las ventas fuera de la cuota se gravaban al 26 %). En 2024, Uruguay exportó casi 100 000 toneladas de carne de vacuno a EE. UU. Sin embargo, el país podría verse afectado indirectamente si la escalada de las tensiones comerciales mundiales frenara aún más el impulso de crecimiento en China y redujera los precios de las materias primas agrícolas y forestales. Además, una Reserva Federal con una postura más restrictiva también podría ser un mal presagio para el país sudamericano, ya que el 50 % del mercado crediticio uruguayo está dolarizado.
Un ligero aumento del déficit por cuenta corriente y una reducción temporal del déficit presupuestario
El déficit por cuenta corriente debería ampliarse ligeramente, debido a un menor superávit comercial. Las exportaciones deberían crecer a un ritmo más lento que las importaciones, debido a los precios más bajos de las materias primas agrícolas (en particular la soja), que afectan a los ingresos por ventas al exterior (a pesar del elevado volumen), y a las limitaciones de la demanda en el sector de la carne de vacuno (aunque las ventas seguían siendo sólidas a principios de 2025). Además, el menor crecimiento de los principales mercados de exportación, concretamente Brasil y China, y el difícil contexto externo que afecta al comercio mundial también son un mal presagio para las exportaciones. El déficit de la balanza de rentas primarias debería deteriorarse, debido al aumento de los dividendos repatriados por los inversores extranjeros, asociado al incremento de la producción en las fábricas de pasta de papel de UPM. Por el contrario, el superávit de la balanza de servicios debería ampliarse, respaldado por un saldo turístico positivo, en un contexto de mayor número de visitantes procedentes de Argentina. La inversión extranjera directa financia holgadamente el déficit por cuenta corriente. Además, el país contaba con sólidas reservas de divisas de 19 000 millones de dólares en febrero de 2025 (que cubren 19 meses de importaciones), lo que constituye un importante colchón para resistir cualquier posible perturbación externa. La deuda externa representaba el 57 % del PIB, de la cual el 54 % era pública y el 46 % privada. Por último, el país presenta una posición de inversión internacional neta negativa, que se situó en el -17,8 % del PIB en el cuarto trimestre de 2024. No obstante, los riesgos se ven atenuados por el hecho de que la mayor parte de los pasivos son inversiones extranjeras directas (29 000 millones de dólares, es decir, el 36 % del PIB), lo que reduce el riesgo de una salida repentina de capitales.
Se prevé que el déficit presupuestario se reduzca ligeramente en 2025. El crecimiento de los ingresos fiscales se verá limitado por la moderación del crecimiento económico. Por su parte, el gasto debería crecer a un ritmo relativamente menor debido al período de transición del nuevo Gobierno. Aunque es probable que el Gobierno de Orsi aumente el gasto social durante su mandato, las iniciativas deberían hacerse más visibles en 2026. El Gobierno dispone de seis meses desde su toma de posesión (marzo de 2025) para presentar su presupuesto para los próximos cinco años. Además, Uruguay sigue beneficiándose de los costes de financiación más bajos de América Latina y ha logrado alargar el vencimiento de su deuda en los últimos años (en 2024, el 61 % de la deuda vencerá en más de 5 años, frente al 51 % en 2014), reduciendo así su vulnerabilidad. La proporción de deuda pública denominada en moneda local se mantuvo bastante estable durante la última década, situándose en el 56 % en 2024. Cabe destacar que la deuda está en manos de residentes (55 %, frente al 45 % de no residentes) y está controlada por los tenedores de bonos (82 %) y los acreedores multilaterales (13 %).
La izquierda vuelve al poder
Yamandú Orsi, de la coalición Frente Amplio (FA —izquierda—), tomó posesión del cargo el 1 de marzo de 2025 para un mandato de cinco años, tras salir victorioso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2024. Obtuvo el 49,8 % de los votos, frente al 45,9 % de Álvaro Delgado, del anterior partido en el poder, el Partido Nacional (PN – centro-derecha). Su victoria supone el regreso al poder del FA, que gobernó el país durante 15 años antes del mandato del presidente Lacalle Pou (2020-2025). Yamandú Orsi es un antiguo profesor de historia y exalcalde de Canelones. La coalición FA cuenta con mayoría en el Senado, con 16 de los 30 escaños (el PN tiene nueve escaños). Sin embargo, su representación es menor en la Cámara de Diputados (48 de 99 escaños, mientras que el PN cuenta con 29), lo que obliga al Gobierno a negociar con los demás partidos para aprobar reformas. Orsi se ha comprometido a mantener el entorno económico tradicionalmente estable y ha defendido «una izquierda moderna» para abordar los retos sociales (como la falta de vivienda, la pobreza y la delincuencia) al tiempo que se fomenta el crecimiento. Apoya una consolidación fiscal gradual, que pretende lograr mediante la reducción de las exenciones fiscales, y se ha pronunciado en contra de subir los impuestos, ya que, según él, esto ahuyentaría a los inversores. En su lugar, tiene previsto centrarse en atraer inversiones y mejorar las competencias laborales para impulsar la actividad, que se ha mantenido estancada durante la última década. Además, una prioridad clave debería ser combatir el aumento de la violencia. La tasa de homicidios de Uruguay ha aumentado notablemente en los últimos años (de 7,5 por cada 100 000 habitantes en 2014 a 10,6 en 2024) y se ve impulsada por las bandas de narcotraficantes que están ampliando su actividad por todo el país. Según las encuestas, esta tendencia es una de las principales preocupaciones de la población. Para frenar este aumento, Orsi se ha comprometido a aumentar la financiación del sistema penitenciario y a cooperar más estrechamente con Europa en la lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas. Otro tema importante es el sistema de pensiones. Durante la primera vuelta de las elecciones generales de octubre de 2024, también hubo una respuesta abrumadora de los votantes en relación con dos cuestiones: el sistema de pensiones y la modificación de la Constitución para permitir las redadas policiales nocturnas. Ambas propuestas de referéndum fueron rechazadas, al no haber alcanzado el apoyo requerido del 50 % + 1. Si bien el mercado acogió con satisfacción el rechazo del referéndum sobre la seguridad social —ya que podría haber comprometido las perspectivas fiscales a medio plazo—, el nuevo Gobierno debería impulsar algunos cambios. El referéndum rechazado habría rebajado la edad de jubilación de 65 a 60 años, habría equiparado la pensión mínima al salario mínimo (con un coste fiscal de aproximadamente el 1,3 % del PIB al año) y habría nacionalizado los fondos de pensiones. Dadas las presiones internas de los sindicatos y de la izquierda en la coalición del Frente Amplio, es probable que Orsi intente revertir algunos de los cambios introducidos por Lacalle Pou en las medidas de seguridad social del país (concretamente, la reducción de la edad de jubilación). Sin embargo, con un Congreso dividido, la probabilidad de que se aprueben posibles reformas fiscales expansionistas de gran alcance es limitada.
En cuanto al comercio exterior, Uruguay es signatario del acuerdo comercial regional del Mercosur, cuyos miembros han experimentado un crecimiento vacilante en los últimos años y que, además, impide a sus miembros celebrar acuerdos comerciales individuales. El expresidente Lacalle Lou intentó cerrar un acuerdo con China, pero se topó con este obstáculo. En este ámbito, Orsi, a diferencia de su predecesor, está a favor de reforzar el Mercosur (incluida la conquista de nuevos mercados) y de una política comercial que promueva la diversificación de las economías locales (protección de la industria nacional). Por último, en lo que respecta a las negociaciones de 25 años entre el Mercosur y la Unión Europea, ambas partes anunciaron en diciembre de 2024 la conclusión de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio para reducir los aranceles de exportación entre los dos bloques. Esto se produjo cinco años después de un acuerdo inicial que se había estancado, sobre todo debido a las preocupaciones medioambientales de la Unión Europea respecto a la deforestación en los países del Mercosur. Los principales cambios con respecto al texto de 2019 son el compromiso de adherirse al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (con la posible suspensión de los beneficios en caso de incumplimiento), las modificaciones en materia de contratación pública, el comercio de automóviles y las exportaciones de minerales críticos. Sin embargo, el acuerdo aún debe firmarse y, posteriormente, ser ratificado por los parlamentos de los países miembros del Mercosur y por la parte europea. La propuesta de la Comisión Europea, prevista para mediados de 2025, definirá las bases jurídicas sustanciales que determinarán si el acuerdo se someterá a ratificación como un acuerdo mixto que —además de las disposiciones relativas a la competencia comercial exclusiva de la UE (acuerdo «solo de la UE»)— — contenga disposiciones relativas a competencias compartidas entre la UE y sus Estados miembros. También es concebible que el acuerdo se divida en dos acuerdos (uno «solo de la UE» y otro mixto) que: a) entren en vigor de forma consecutiva —el primero como acuerdo provisional «solo de la UE», que caducará una vez que los Estados miembros de la UE hayan ratificado el acuerdo mixto definitivo—; o b) coexistan como acuerdos jurídicamente independientes tras su ratificación. A diferencia de los acuerdos exclusivos de la UE, los acuerdos mixtos no solo requieren la ratificación del Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo, sino también la ratificación por parte de los Estados miembros de la UE de conformidad con sus requisitos constitucionales. Por último, durante su ratificación en Europa, es probable que el texto se enfrente a algunas objeciones, especialmente por parte de Francia.