El 20 de febrero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos invalidó los «aranceles recíprocos» impuestos por la administración de Trump. Se trata de un importante revés legal, pero que no cambia el panorama general de la política comercial. Los Estados Unidos siguen manteniendo sus aranceles históricamente elevados y el entorno sigue siendo inestable para las empresas.
Cifras clave:
- 14 %: tipo arancelario medio de EE. UU. tras la decisión, frente al 2,3 % anterior a 2025
- 150 días: duración máxima de los nuevos aranceles temporales basados en la sección 122
La decisión del Tribunal Supremo supone un revés político para la Administración estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos sigue disponiendo de muchos instrumentos para mantener los aranceles elevados, lo que prolonga la incertidumbre para las empresas y el comercio mundial
afirma Marcos Carias, economista para Norteamérica en Coface.
Impacto inmediato limitado y máximos históricos
Si bien esta sentencia supone un revés político e institucional para la Casa Blanca, no supone una ruptura con la estrategia comercial seguida desde el regreso al poder de Donald Trump. La decisión solo se refiere a los aranceles basados en este marco jurídico específico y no pone en tela de juicio otras medidas existentes, en particular las específicas de determinados sectores.
En las horas posteriores a la decisión, la Administración estadounidense anunció su intención de recurrir al artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para introducir nuevos aranceles temporales. Esta medida autoriza al presidente a aplicar recargos de hasta el 15 % durante un período máximo de 150 días en caso de desequilibrios externos; actualmente se está aplicando el tipo adicional del 10 %.
Esta sustitución da lugar a una disminución limitada del tipo arancelario medio de los Estados Unidos, que ahora se sitúa cerca del 14 %. Sin duda, este porcentaje es inferior al del régimen arancelario «recíproco», pero no es nada comparado con la situación anterior a 2025, cuando el tipo medio no superaba el 2,3 %. En la práctica, los Estados Unidos siguen manteniendo uno de los regímenes arancelarios más elevados de los últimos cien años.
Ganadores, perdedores y una geografía del riesgo remodelada
El fin de los arancelos “recíprocos” no se traduce en un alivio generalizado. El impacto varía considerablemente en función de los socios comerciales de Estados Unidos y la estructura de sus exportaciones.
Los países cuyas ventas al mercado estadounidense se concentran en gran medida en los sectores cubiertos por los aranceles de la Sección 232 —acero, aluminio, automóviles y equipos industriales— siguen soportando una elevada carga arancelaria. Este es especialmente el caso de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, cuyas exportaciones industriales siguen estando en gran medida expuestas a medidas justificadas por motivos de seguridad nacional. Los principales socios norteamericanos, Canadá y México, aunque parcialmente protegidos por el T-MEC, también siguen penalizados en varios segmentos industriales clave.
Por el contrario, algunos países que anteriormente estaban sujetos a aranceles «recíprocos» especialmente elevados se benefician ahora de una relativa desgravación, con un recargo del 10 % aplicado en virtud del artículo 122.
Varias economías del sur y sudeste asiático, como Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka, están viendo así cómo disminuye significativamente su exposición arancelaria, ya que sus exportaciones están menos concentradas en los sectores cubiertos por la Sección 232. Esta reestructuración acentúa las diferencias entre los socios comerciales de Estados Unidos y aumenta la complejidad de un panorama arancelario mundial cada vez más fragmentado.
La incertidumbre jurídica y política parece que va a seguir
Más allá del plazo de 150 días, quedan varias incógnitas. Para extender los aranceles, se necesitaría la aprobación del Congreso, algo políticamente delicado en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. Además, sigue sin resolverse la cuestión del reembolso de los derechos recaudados bajo el régimen ahora invalidado. El proceso podría durar varios años, lo que alimentaría un clima de incertidumbre duradera para las empresas, sus cadenas de suministro y sus decisiones de inversión.
