Italia: menor crecimiento y mayor déficit
El 27 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el Documento de Economía y Finanzas, que sirve de marco para las próximas negociaciones presupuestarias. Este ha confirmado lo que los indicadores (desde la sorprendente contracción del 0,4% del PIB en el segundo trimestre hasta el debilitamiento de los índices de gestores de compras (PMI) de septiembre en todos los sectores) han venido señalando durante todo el verano: las perspectivas de crecimiento empeoran, y con ellas los márgenes para la consolidación fiscal. Por ello, los objetivos de déficit presupuestario se han revisado al alza, del 4,5% del PIB al 5,3% en 2023, y del 3,7% al 4,3% en 2024. La mayor parte del exceso de gasto de este año procede de la finalización de los proyectos emprendidos en el marco del llamado Superbonus, un paquete de medidas heredado del Gobierno de Conte y que el Gobierno de Meloni está eliminando gradualmente. Es poco probable que ésta sea la última revisión vinculada al Superbonus, ya que es probable que Eurostat vuelva a cambiar de opinión acerca del reparto del coste de estos proyectos entre los ejercicios fiscales.
Más relevante es la voluntad del Gobierno de preservar los recortes fiscales y las medidas de emergencia para apoyar el poder adquisitivo de los hogares en 2024, dada la petición del BCE y de los Estados miembros fiscalmente conservadores de reducir el gasto discrecional el año en que las reglas fiscales vuelvan a entrar en juego.
Los tipos de interés han subido con fuerza recientemente hasta alcanzar el 4,9%, la cifra más alta en los últimos 11 años; aunque los diferenciales con los bonos alemanes de referencia se han mantenido por debajo de los 200 puntos básicos, lo que sugiere que la reacción del mercado podría estar impulsada más por un empeoramiento de las perspectivas de inflación en un contexto de subida de los precios del petróleo. Las próximas semanas y meses serán cruciales para definir las perspectivas fiscales de Italia y de la zona euro en general. Se espera que la Comisión presente una propuesta final de modificación de las normas presupuestarias, que los Estados miembros deberán aprobar. Los Estados más prudentes tratarán de conseguir el máximo control regulatorio, mientras que los del sur presionarán en favor de la flexibilidad.
El estado actual de las relaciones en la UE es lo suficientemente cordial como para esperar que se llegue a un acuerdo, aunque no exento de polémica. Aun así, habrá que observar con cautela el resultado de la próxima reunión del Ecofin, que se celebrará el 17 de octubre, por si surgen signos de desacuerdo.
